Prensa UP_ El presidente Gustavo Petro no duda en calificar el modelo de salud de las EPS como el robo más grande que ha sufrido el país. Según sus declaraciones en el más reciente alocución, la deuda real del sistema de salud supera los 100 billones de pesos, una cifra que eclipsa los 33 billones reconocidos oficialmente. Este saqueo histórico, asegura, fue posible por la complicidad de economistas que prefirieron ocultar la verdad en lugar de auditar con transparencia. La Corte Constitucional, advierte, deberá conocer estas cifras para dimensionar el desastre.
El mecanismo fue claro: mientras las EPS quebraron una tras otra, sus dueños y los gestores farmacéuticos acumularon fortunas con dineros públicos. De las 157 empresas que operaron, solo dos sobreviven precariamente, dejando al 89% de los colombianos sin verdadero respaldo. Los hospitales públicos y privados se hundieron en la crisis, mientras las clínicas de los mismos dueños de las EPS crecieron sin control. «El dinero de la salud no desapareció —asegura Petro—, simplemente se privatizó».
El colapso no detuvo la rapiña. Mientras el sistema se desangra, pequeños grupos farmacéuticos inflaron precios y acapararon medicamentos vitales, provocando desabastecimiento y un alud de quejas. Petro revela que el Estado pagó el 90% de las importaciones de fármacos, pero estos no llegan a los pacientes. Lo más grave: en solo dos años, las EPS no intervenidas duplicaron su deuda, demostrando que el modelo no colapsó por mala gestión, sino por diseño.
Ante la magnitud del despojo, el gobierno inició auditorías forenses, especialmente en la Nueva EPS, y ordenó investigar a alcaldes y gobernadores que habrían facilitado el saqueo. Petro denuncia que los dueños del negocio de la salud, aliados con sectores políticos, intentan sabotear la reforma repitiendo el libreto usado contra Allende en Chile: generar caos para mantener sus privilegios. «Quieren que el pueblo asocie la crisis con el gobierno, no con sus décadas de estafa», advierte.
La salida, insiste el mandatario, es acabar con el modelo de intermediación. «Si aplicáramos la Constitución, todo el sistema debería ser intervenido», sentencia. Su propuesta es clara: el Estado como único asegurador y las EPS residuales convertidas en gestoras de redes, sin manejar recursos. «Los 100 billones robados —remata Petro— deberían ser recuperados de los patrimonios privados que se enriquecieron con el dolor ajeno».
16/7/25