Prensa UP
El día 24 de abril de 2025, se llevó a cabo una audiencia pública en el Congreso de la República para discutir la reforma a la Ley 80 de contratación pública en Colombia.
La senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, destacó la urgencia de esta modificación como una herramienta esencial para combatir la corrupción que ha desviado billones de pesos de los recursos públicos. Durante su intervención, enfatizó que la reforma no solo es una oportunidad, sino una responsabilidad histórica con los colombianos que sufren las consecuencias de un sistema contractual fallido.
La senadora Avella presentó datos contundentes: más de 50 billones de pesos se pierden anualmente por corrupción en procesos contractuales, equivalentes al 4% del PIB nacional. Además, reveló que en 2023 quedaron inconclusas 1.753 obras, con un desperdicio de 15,2 billones de pesos, y que entre 2016 y 2022 se perdieron 21 billones en hechos comprobados de corrupción. Estas cifras reflejan un sistema que beneficia a unos pocos mientras millones de colombianos carecen de servicios básicos como agua potable y educación.
El nuevo Estatuto de Contratación, que pretende convertirse el Proyecto de Ley presentado por la comisión parlamentaria y que fue asignado a la Comisión Primera de Cámara de Representantes, plantea cambios radicales, como la ejecución directa de obras por parte del Estado, sanciones más severas (inhabilidades hasta por 12 años y multas de hasta 200 salarios mínimos), y mayor transparencia mediante plataformas como SECOP II. También se incluye la participación activa de la ciudadanía, permitiendo que veedurías y comunidades denuncien contratos irregulares e incluso ejecuten proyectos locales. Estas medidas buscan devolver la confianza en la gestión pública.
La audiencia dejó claro que la corrupción en la contratación pública tiene rostros concretos y víctimas reales: niños sin escuelas, pacientes sin hospitales y campesinos sin vías. La senadora Avella hizo un llamado a no normalizar este robo sistemático y a apoyar la reforma como un paso hacia la justicia social. «Los recursos públicos deben ser sagrados», afirmó, subrayando que detrás de cada contrato hay derechos fundamentales en juego.
Tras esta audiencia, el proyecto de reforma avanzará en el Congreso, donde se espera un debate intenso. La ciudadanía, las organizaciones sociales y los medios tienen un papel crucial en exigir transparencia y vigilar el proceso. Esta reforma no es solo un ajuste legal, sino una oportunidad para redefinir el futuro de Colombia, priorizando el bien común sobre los intereses particulares.