Prensa UP_ El pasado 20 de noviembre se llevó a cabo en el Congreso de la República la audiencia sobre salud mental convocada por la senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, en conjunto con la Comisión de Salud Mental del Legislativo. La senadora destacó la sesión como un espacio fundamental para escuchar a profesionales del sector, quienes expusieron de primera mano las realidades que enfrenta la población colombiana en materia de salud mental y los desafíos estructurales que persisten en el sistema.
Durante la audiencia, expertos señalaron que la salud mental en Colombia ha estado históricamente atravesada por el silencio, el estigma y la falta de atención oportuna. Factores como el conflicto armado, los duelos no resueltos, el desplazamiento forzado, la pobreza, la desigualdad, las violencias basadas en género, la presión académica sobre los jóvenes y el estrés laboral fueron mencionados como causas profundas del deterioro emocional en amplios sectores de la población. Las cifras recientes lo confirman: en 2023 se registraron 3.145 suicidios, un incremento del 10,93 %, y el 77,7 % de los casos correspondió a hombres. El intento de suicidio también aumentó, alcanzando en 2022 su cifra más alta: 72,4 casos por cada 100.000 habitantes. El 60 % de los intentos se presenta en personas menores de 30 años, especialmente entre los 15 y 24 años.
Este panorama se agrava en un contexto global desafiante. La Organización Mundial de la Salud reportó que, tras la pandemia de COVID-19, los casos de ansiedad y depresión aumentaron un 25 %, revelando la fragilidad de los sistemas de salud mental. Hoy, más de mil millones de personas en el mundo viven con algún trastorno mental, mientras que en Colombia el 66,3 % de la población ha enfrentado dificultades emocionales. Aunque la conciencia social sobre el tema viene creciendo, los ciudadanos señalan fallas graves en la detección temprana y en la calidad del servicio: rara vez se les pregunta por su salud mental en consultas médicas, y persisten estigmas que dificultan la búsqueda de ayuda.
Frente a esta situación, el Congreso aprobó este año la Ley 2460 de 2025, que garantiza el derecho fundamental a la salud mental como un servicio oportuno, accesible, integral y sin discriminación. La norma ordena eliminar prácticas que han afectado durante años a los usuarios, como las largas listas de espera, la negación de terapias y el desinterés institucional frente a las urgencias emocionales. La ley busca fortalecer la capacidad del sistema y compromete a EPS, IPS y entidades territoriales a asumir la salud mental como una prioridad inaplazable.
Para los participantes de la audiencia, transformar la realidad del país implica también transformar la conversación pública. Significa pasar del silencio a la atención, del estigma al acompañamiento y de la vergüenza a la empatía. La audiencia, calificada como un éxito por la senadora Avella, dejó claro que Colombia necesita políticas sostenidas, inversión en talento humano y un enfoque territorial que garantice atención real y cercana, especialmente en las regiones donde la presencia de psicólogos, pediatras y psiquiatras sigue siendo insuficiente. La salud mental, concluyeron, es un pilar para la convivencia, la educación, la productividad y la construcción de paz.
20/11/25