Claudia Florez_ EDITORIAL VOZ Faltan casi ocho meses para que termine el mandato del Gobierno del Cambio y el balance evidencia que Colombia ha avanzado en rupturas importantes con el modelo neoliberal que, durante décadas, precarizó el trabajo, concentró la riqueza y profundizó la desigualdad social. Estos avances se han dado en medio de un escenario adverso, marcado por el bloqueo político interno y la resistencia de los poderes económicos tradicionales al proceso de transformación.
En materia de política exterior, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado un giro significativo orientado a recuperar márgenes de autonomía, soberanía y diversificación de alianzas, rompiendo con la subordinación que caracterizó a nuestro país durante décadas. Sin embargo, este ejercicio soberano se desarrolla en un contexto internacional cada vez más riesgoso, marcado por la estrategia del gobierno de Donald Trump de reinstalar una lógica abiertamente intervencionista en América Latina, particularmente en el Caribe y el Pacífico, en abierta contradicción con el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.
Pese a este contexto nacional e internacional complejo, el país registra avances concretos en el frente económico y social. Hoy, la tasa de desempleo se ubica alrededor del ocho por ciento, una de las más bajas en las últimas dos décadas. En el centro de esta transformación se encuentra la dignificación del trabajo: el salario mínimo ha tenido incrementos históricos que han permitido recuperar parte del poder adquisitivo perdido por millones de hogares trabajadores. A ello se suma la aprobación de la reforma laboral, que recupera derechos arrebatados por el neoliberalismo y reafirma el trabajo como pilar de la justicia social y de la democracia económica.
Mención especial merece la reforma agraria, que ha marcado un avance significativo al recuperar, formalizar y adjudicar tierras en favor del campesinado, las comunidades étnicas, las víctimas y los firmantes de paz. El país le apuesta a fortalecer la producción agropecuaria al permitir que miles de familias produzcan alimentos, dinamizando la economía rural y contribuyendo al bienestar colectivo.
Estos avances también se reflejan en la reducción de la pobreza. Aunque persisten brechas profundas, la combinación de mayor empleo, aumentos salariales, políticas redistributivas y una reforma agraria orientada al desmonte del latifundio comienza a revertir décadas de exclusión social y abandono estructural.
Una de las principales dificultades ha sido la política de Paz Total, que ha enfrentado problemas reales y evidentes, entre ellos la ausencia de una caracterización clara del actual conflicto armado, la fragmentación de las mesas de negociación, el lento e incompleto cumplimiento del Acuerdo de Paz y la persistencia de viejas doctrinas militaristas dentro del Estado. No obstante, estas dificultades no pueden traducirse en la renuncia a la solución política, que sigue siendo la única vía ética, democrática y duradera para cerrar el conflicto armado en Colombia.
En el plano político, el Pacto Histórico continúa consolidándose como la principal expresión de la unidad de la izquierda y de los sectores progresistas del país, articulada en torno a un proyecto común de transformación democrática, justicia social y construcción de paz. La prioridad política de 2026 es la disputa electoral, en la que está en juego la continuidad y profundización del proceso de cambio.
En esa tarea, el Partido Comunista Colombiano se compromete de manera decidida con la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro y con las listas parlamentarias del Pacto Histórico. La lucha que se avecina será más intensa y no admite vacilaciones ni contemplaciones: requerirá convicción política, trabajo organizado e iniciativa permanente. Con la fuerza de la unidad, la claridad del proyecto y una energía renovada, seguiremos avanzando para conquistar las transformaciones que el pueblo colombiano merece.