EDITORIAL Colombia entra en días decisivos en la Mesa de Concertación Laboral, el espacio donde Gobierno, gremios empresariales y centrales obreras intentan acordar el aumento del salario mínimo. El calendario es claro: si no hay consenso dentro de los plazos legales, será el Presidente de la República quien, en uso de sus facultades, fije el incremento que regirá para millones de trabajadores y trabajadoras. Este momento no es menor: ocurre en medio de una disputa ideológica de fondo sobre el modelo económico y el papel que cumple el salario en la estabilidad y el crecimiento del país.
Durante décadas, la teoría neoliberal impuso la idea de que mantener los salarios bajos era condición indispensable para la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y la generación de empleo. Bajo ese dogma, el salario fue reducido a un simple “costo” que debía ser contenido, incluso a costa del empobrecimiento de la fuerza laboral. Sin embargo, la realidad económica de Colombia hoy permite cuestionar con fuerza ese postulado. La economía muestra signos de solidez que abren la posibilidad de un salario real más alto, capaz de fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores y respaldar su acceso al crédito, dinamizando el mercado interno.
En este debate, la postura de la Unión Patriótica (UP) coincide con los planteamientos de economistas como Mario Osorio, quien sostiene que un incremento significativo del salario mínimo no solo es viable, sino necesario para recomponer el rumbo de la economía colombiana. Osorio desmonta la advertencia recurrente de que un aumento salarial elevado conduce inevitablemente al desempleo y la inflación. Por el contrario, señala que los datos recientes del DANE evidencian una reducción sostenida del desempleo incluso en escenarios de alzas salariales, lo que demuestra que la economía real está respondiendo positivamente.
Para Osorio, este comportamiento confirma que el crecimiento actual no es especulativo, sino material y productivo, lo que permite mejorar los ingresos laborales sin provocar los efectos catastróficos que durante años se anunciaron desde los sectores más conservadores. En este contexto, el salario deja de ser visto como una amenaza para la economía y se reafirma como el principal motor del consumo popular. Cuando los trabajadores ganan más, consumen más, y ese consumo sostiene la producción nacional y el empleo.
La discusión, sin embargo, no desconoce los desafíos. Osorio advierte que un aumento salarial debe ir acompañado de políticas complementarias para proteger a las MiPymes, como alivios tributarios y subsidios a la nómina. Además, plantea la necesidad de avanzar hacia un nuevo contrato social que reconozca a la economía popular, permitiendo que millones de trabajadores accedan a derechos laborales sin las barreras que hoy impone la formalización tradicional. En este escenario, el debate sobre el salario mínimo no es solo una cifra: es una definición política sobre qué modelo económico quiere Colombia y a quién debe servir el crecimiento