Prensa UP_ La crisis del agua en los barrios Villas de la Capilla y Lomitas 1 en la ciudad de Bogotá, llegó este miércoles al Congreso de la República, donde se realizó una mesa técnica convocada por la senadora del Pacto Histórico Aída Avella. A la audiencia asistieron la concejal Heidy Sánchez, el representante a la Cámara Gabriel Becerra por el Pacto Histórico en Bogotá y una decena de habitantes del sector. Allí, la comunidad expuso con claridad la situación que viven desde hace años y que hoy se ha convertido en una emergencia sanitaria: el acceso irregular, insuficiente y peligroso al agua potable.
Detrás de esta problemática hay más de 250 familias que llevan más de dos décadas construyendo, con esfuerzo propio, un territorio digno. Son hogares con escrituras en regla, que pagan impuestos y que están amparados por la preexistencia legal de su asentamiento. Viven en casas levantadas con sus propias manos, pero sin que el Estado garantice el derecho más elemental: el acceso seguro y continuo al agua potable.
El servicio que reciben es precario y riesgoso. La comunidad depende de carrotanques privados, tanques comunitarios que se abastecen una vez a la semana y motobombas que no aseguran la calidad ni la continuidad del suministro. El tanque principal recibe apenas 36 m³ de agua por semana, lo que equivale a 848 litros al mes por familia, es decir, solo el 8 % del consumo básico regulatorio. A pesar de ello, cada hogar paga en promedio $25.440 mensuales, un costo 7,6 veces más alto que el que tendría un hogar de estrato 1 atendido por la EAAB por el mismo volumen.
Las consecuencias sanitarias ya están registradas. Según un estudio de la Universidad San Martín (mayo de 2025), el 45 % de los niños, niñas y adolescentes del sector presenta parasitismo intestinal, directamente relacionado con el consumo de agua sin tratar y almacenada sin garantías sanitarias. Los 201 menores del territorio requieren 301,5 m³ mensuales para su mínimo vital, pero el barrio recibe apenas 144 m³. La falta de agua segura se traduce en desnutrición, anemia, diarreas, enfermedades infecciosas y afectaciones irreversibles al desarrollo infantil, según estándares de la OMS.
La comunidad no ha permanecido pasiva. Han presentado derechos de petición, solicitado mesas técnicas, liderado manifestaciones y emprendido acciones judiciales. Hoy, gracias a esa insistencia colectiva, sus voces llegan al Congreso. Pero las preguntas siguen abiertas: ¿Cuánto más deben esperar? ¿Acaso debe ocurrir una tragedia mayor para que se actúe? ¿Negar agua digna no es, acaso, negar vida digna?
Las familias de Villas de la Capilla y Lomitas 1 exigen soluciones reales: un suministro estable, suficiente y seguro, acorde con su reconocimiento legal; inversiones inmediatas en infraestructura; y un plan de contingencia que garantice el derecho al agua mientras se implementan las obras definitivas.
El mensaje que dejaron en el Congreso es contundente: sin agua potable no hay salud, no hay futuro, no hay dignidad. Y Bogotá no puede permitir que, en pleno siglo XXI, miles de personas sigan sobreviviendo entre racionamientos, sobrecostos y enfermedad.