La justicia colombiana le recordó a la senadora María Fernanda Cabal que la libertad de expresión no ampara la estigmatización ni la revictimización. Un fallo del Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá le ordenó rectificarse y ofrecer disculpas públicas por las declaraciones que emitió en octubre de 2025, en medio de su campaña electoral, en las que desconoció el exterminio sistemático del partido Unión Patriótica (UP) y tildó a sus militantes de cómplices de crímenes de las extintas FARC.
En una entrevista con el medio La Silla Vacía, la congresista del Centro Democrático afirmó que “la Unión Patriótica fue el brazo político de las Farc. Al ser el brazo político estaba avalando los crímenes de las Farc, los secuestros y las desapariciones y el reclutamiento”. También sostuvo que “los primeros asesinos de la Unión Patriótica fueron las mismas Farc y el Eln”, y cuestionó: “¿Cuándo van a tener ustedes claro que el Partido Comunista usa como método la depuración? Ellos se asesinan entre ellos”.
La Defensoría del Pueblo interpuso una tutela en la que calificó esas expresiones como “lesivas de las prerrogativas fundamentales”, al considerar que reproducen “el discurso estigmatizante que fue uno de los instrumentos en el exterminio del partido Unión Patriótica”. La senadora intentó defenderse argumentando que sus declaraciones eran “interpretaciones políticas y valoraciones de opinión” dadas en un debate público. Pero la jueza fue contundente: no se trataba de simples opiniones, sino de imputaciones de hechos socialmente reprochables, vertidas por una funcionaria pública en ejercicio de sus funciones.
El fallo señala que los servidores públicos tienen “un poder-deber de comunicación con la ciudadanía” que no puede desligarse de su responsabilidad como garantes de los derechos fundamentales y de la democracia constitucional. Las expresiones de Cabal, dijo la jueza, desconocieron el contexto histórico del genocidio político contra la UP —un hecho reconocido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por el Estado colombiano— y afectaron directamente los derechos a la verdad, la memoria, la justicia y la reparación integral de las víctimas.
En consecuencia, el juzgado le ordenó a la senadora, en un plazo máximo de cinco días, “presentar una disculpa pública y precisar que en dicha oportunidad se incurrió en error al haber efectuado manifestaciones sobre aspectos respecto del partido político Unión Patriótica y que resultan lesivos de los derechos a la verdad, memoria, justicia y reparación integral de las víctimas”. La rectificación deberá hacerse por medio de un comunicado y a través de los mismos canales donde fueron emitidas las declaraciones originales.
La decisión judicial envía un mensaje claro: la estigmatización y el negacionismo no pueden ser moneda de cambio en el debate político, ni mucho menos instrumentos para deslegitimar a las víctimas de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia. El exterminio de la Unión Patriótica fue un genocidio político, y quienes pretendan negarlo o revictimizar a sus sobrevivientes deberán responder ante la justicia. Ahora, la pelota está en la cancha de la senadora Cabal. La memoria histórica no se negocia, y los discursos de odio no pueden seguir siendo tolerados en nombre de la libertad de expresión.