Hernán Camacho_ El pasado miércoles, el Senado de la República eligió a Carlos Camargo como nuevo magistrado, decisión que desató de inmediato un amplio debate público. Aunque su trayectoria como jurista fue uno de los argumentos centrales de su postulación, su nombre no está exento de controversias, en especial por denuncias relacionadas con su gestión en la Defensoría del Pueblo y el trato hacia mujeres en esa entidad.
Dos episodios marcan ese historial. En 2021, el sindicato de Defensores de Derechos Humanos (Sindhep) denunció el despido masivo de 43 mujeres de los servicios generales en plena pandemia, muchas de ellas con más de 15 y 20 años de trabajo en la institución. El sindicato advirtió que, pese a los riesgos que asumieron durante la emergencia sanitaria, fueron desvinculadas bajo el argumento de un proceso de licitación, lo que puso en entredicho la responsabilidad social de la entidad bajo la dirección de Camargo
Posteriormente, en 2022, la exdefensora de Bogotá, Marta Patricia Cantor Alonso, denunció haber sido víctima de discriminación y despido injustificado por decisión directa de Camargo, luego de que denunciara irregularidades al interior de la Defensoría. La exfuncionaria señaló que fue ignorada y apartada de la entidad por cuestionar prácticas internas, mientras Camargo sostuvo que tenía la discrecionalidad para terminar los contratos en su cargo.
Estos antecedentes, sumados a los señalamientos de sindicalistas sobre un manejo clientelista y poco independiente de la Defensoría durante su administración, reavivaron la polémica con su llegada al nuevo cargo. Para organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la elección de Camargo representa un retroceso en la garantía institucional de derechos, especialmente en materia de equidad de género.
Así, la elección de Carlos Camargo en el Senado no solo pone en debate su visión jurídica, sino que revive cuestionamientos de fondo sobre el respeto a los derechos laborales y la igualdad, asuntos que hoy se convierten en el epicentro de la controversia política y social que rodea su nombramiento