Prensa UP_ En el marco de su intervención en la plenaria del Congreso de la República, la senadora Aída Avella llamó la atención sobre los recientes casos de despidos masivos y violaciones a los derechos laborales en el sector de telecomunicaciones, específicamente en las empresas ETB y Claro Colombia.
@aidaavellaPor mucho que Carlos Slim esté entre los más ricos del planeta, él y su multinacional Claro deben respetar la ley y los derechos laborales en Colombia.
Respecto a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), patrimonio público de los bogotanos, la congresista señaló que la administración del alcalde Carlos Fernando Galán estaría avanzando hacia un proceso de privatización encubierta. Esto se evidenciaría en la tercerización de actividades propias de la empresa a través de D.R Technology & Comunicaciones, lo que ha llevado a la desvinculación de empleados directos mediante supuestos planes de retiro voluntario.
En cuanto a Claro Colombia, filial de la multinacional mexicana propiedad del magnate Carlos Slim – considerado el 19° hombre más rico del mundo según rankings internacionales – Avella destacó la contradicción entre las abultadas ganancias reportadas y los despidos masivos. Según el Informe de Sostenibilidad 2024 de la compañía, Claro habría generado utilidades netas por 689 mil millones de pesos, pese a lo cual procedió a despedir a más de 1.000 trabajadores, afectando además derechos sindicales.
La senadora formuló una serie de interrogantes sobre el destino de estas utilidades que superan los 170 millones de dólares: «Si las ganancias son tan importantes, ¿por qué recortar personal en Colombia? ¿Dónde terminan estos recursos? ¿Se reinvierten en el país o se fugan a paraísos fiscales?». Avella enfatizó que lo evidente es que estas ganancias no se traducen en mejoras para los trabajadores que con su esfuerzo las generan, sino que benefician exclusivamente a los grandes accionistas.
Finalmente, la congresista hizo un llamado a las autoridades competentes para investigar estos casos y proteger los derechos laborales, exigiendo mayor transparencia en el manejo tanto de empresas públicas como privadas que operan en el territorio nacional.