En un contundente debate de control político liderado por la concejala Heidy Sánchez Barreto, del partido Unión Patriótica (Coalición Pacto Histórico), se revelaron graves irregularidades y una alarmante ineficiencia en la gestión de la Primera Línea del Metro de Bogotá-Tramo 1 (PLMB-T1). La concejala solicitó la renuncia de Leónidas Narváez, argumentando que su mala administración ha causado un retraso de un año y dos meses en la ejecución del proyecto, así como un detrimento al patrimonio del Distrito de $25.415 millones. Esta situación, señaló Sánchez Barreto, es resultado de una serie de decisiones que han favorecido injustamente a los contratistas privados, mientras que el progreso de la obra y los intereses de la ciudad han sido sacrificados.
Uno de los principales puntos de crítica es la modificación del cronograma de construcción del Intercambiador Vial de la Calle 72. Según la Versión 00 del Plan de Ejecución del Proyecto, esta obra debía ser entregada el 8 de enero de 2023. Sin embargo, ante la evidente incapacidad para cumplir con esta fecha, el 21 de octubre de 2022 se firmó una modificación del contrato que extendió la fecha de entrega hasta el 8 de octubre de 2024, beneficiando al Concesionario ML1. A pesar de esta extensión, el alcalde Carlos Fernando Galán admitió recientemente que es improbable que la obra se termine a tiempo, lo que evidencia una falta de compromiso y gestión efectiva por parte de la administración.
La falta de eficiencia también se hizo evidente en la gestión de los Estudios y Diseños de Detalle Principales del proyecto. Estos estudios debían obtener su aprobación el 8 de enero de 2023, pero ante el incumplimiento, se realizaron sucesivas modificaciones contractuales que extendieron injustificadamente los plazos, culminando con la aprobación final el 31 de marzo de 2024, acumulando un retraso de 14 meses. Esta serie de retrasos y cambios en los acuerdos iniciales no solo ha perjudicado el avance de las obras, sino que también ha resultado en una pérdida significativa para el patrimonio del Distrito.
El perjuicio económico no se detiene ahí. Según el contrato original, el incumplimiento de los plazos para la aprobación de los estudios debía acarrear multas por un total de $27.300 millones. Sin embargo, en lo que parece ser otra medida para beneficiar al contratista privado, solo se impuso una multa de $1.885 millones, correspondiente a un mes y dos días de incumplimiento, dejando de cobrar $25.415 millones. Esta situación refleja no solo una alarmante falta de gestión y transparencia, sino también una posible connivencia entre los responsables del proyecto y los contratistas, afectando gravemente los recursos públicos y la confianza de los ciudadanos en la administración distrital.