#EDITORIAL_ EL 28 de mayo de 1985 se fundaba en Colombia, un amplio movimiento político, en medio del clamor y la
acogida despertados por las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno nacional, donde confluyeron
múltiples corrientes sociales y populares, de todas las sensibilidades ideológicas, desde la izquierda marxista
hasta la socialdemocracia, así como amplios sectores del bipartidismo, que aunaron esfuerzos en la búsqueda de
una solución política negociada al conflicto armado, con tal de permitir el tránsito del movimiento armado de la
confrontación contra el Estado, a la lucha política, abierta, de cara al pueblo, y con el pueblo.
Esta apertura democrática unitaria y diversa, logró convertirse muy rápidamente en la tercera fuerza política en
un país marcado por el estado de sitio, la persecución del enemigo interno, y de un sistema bipartidista,
restrictivo y antidemocrático, abriendo el camino del cambio para las grandes mayorías nacionales, los sin voz
relegados durante décadas por el estrecho modelo del Frente Nacional.
Sin embargo, luego de la contienda electoral de 1986, comenzó una persecución sin cuartel en contra de los
miembros, simpatizantes, militantes y las compañeras y compañeros elegidos a las corporaciones públicas,
donde la UP conquistó importantes espacios, desde edilatos y concejos municipales, hasta alcaldías, y una
nutrida representación parlamentaria, tanto en Cámara como en Senado.
Miembros de la primera línea de mando de los cuerpos de seguridad del Estado, en contra de su mandato
constitucional y su sagrada labor de defender la vida del pueblo, y de sus destacamentos organizados, se alió
con el narcotráfico y el paramilitarismo, así como con miembros de la élite política imperante, para, a través de
planes de guerra como “golpe de Gracia” y el “Baile rojo”, eliminar sistemáticamente a las bases y a los
dirigentes de la UP, ante la complicidad silenciosa de muchos estamentos de la sociedad. Más de 5000
compañeras y compañeros asesinados, en lo que la Corte IDH aceptó ser una acción sistemática y premeditada,
que constituye un genocidio político en contra de una agrupación política, tan solo por no compartir la visión
restrictiva de democracia practicada durante décadas por las clases dirigentes de Colombia.
La sentencia condenatoria contra el estado Colombia por su responsabilidad en este genocidio, proferida en
2021, se complementa con el Proyecto de Ley aprobado en la plenaria de Cámara el día de ayer, que ordena
celebrar la memoria de los hombres y mujeres de la UP, que brindaron su vida por la apertura democrática en
Colombia. El 11 de octubre, fecha en la que en 1987 nuestro movimiento perdió su candidato presidencial,
Jaime Pardo Leal, asesinado vilmente durante la campaña electoral, es el día en que rendimos honor y memoria
a estos héros anónimos, que murieron para asegurar los derechos de todos nosotros. 40 años después, logrando por primera vez acceder al poder político con la elección del Presidente Gustavo
Petro, el sacrificio brindado por la Unión Patriótica, abrió el camino del cambio de las transformaciones sociales
en nuestra patria, para que, como lo decía Salvador Allende, más temprano que tarde, transiten las grandes
mayorías por las alamedas de la democracia, con paz y justicia social.
Cuarenta años de la Unión Patriótica junto al pueblo
