El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha vuelto a generar controversia tras sus recientes declaraciones contra la Unión Patriótica (UP), partido político históricamente perseguido en Colombia. En respuesta, dirigentes de la UP, como Heidy Sánchez, Aida Avella y Gabriel Becerra, han rechazado sus afirmaciones, recordando el papel de Uribe en la estigmatización de movimientos sociales y opositores durante su gobierno (2002-2010). Sánchez señaló que Uribe sistemáticamente acusó a críticos de su gestión de pertenecer al «bloque intelectual del terrorismo» y vinculó protestas ciudadanas con las FARC, lo que profundizó la polarización en el país. Además, destacó que su administración dejó millones de víctimas de desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales, hechos que han sido condenados internacionalmente.
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Por su parte, Aida Avella y otros dirigentes de la UP cuestionaron el historial de Uribe en materia de derechos humanos, recordando episodios oscuros durante su gobernación en Antioquia (1995-1997). Hicieron referencia al asesinato del defensor Jesús María del Valle en 1998, quien había denunciado las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas bajo su mandato. «¿Tamaña casualidad que la masacre de El Aro fuera ejecutada en tiempos de la gobernación de Uribe?», cuestionaron, insinuando posibles responsabilidades por omisión o tolerancia frente a estos crímenes.
Las declaraciones de los líderes de la UP también apuntan a lo que consideran una estrategia de Uribe por minimizar las violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno, incluyendo los llamados «falsos positivos». Sánchez enfatizó que sus palabras no solo estigmatizan, sino que ignoran las condenas internacionales contra el Estado colombiano por estos hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en múltiples fallos la responsabilidad del Estado en crímenes ocurridos en ese periodo.
Este nuevo cruce de declaraciones reaviva el debate sobre el legado del uribismo en el conflicto armado y su tratamiento a la oposición política. Mientras Uribe insiste en vincular a la UP con grupos insurgentes, sus críticos lo acusan de haber sido parte de un sistema que perpetuó la violencia y la persecución. La polémica refleja las heridas aún abiertas en un país que sigue buscando verdad y justicia frente a décadas de guerra.