Prensa UP_ Maestros y maestras de Bogotá han denunciado públicamente la retención ilegal de sus salarios por parte del Distrito Capital, como represalia por participar en protestas convocadas por sindicatos en rechazo al sistema de salud y las políticas laborales implementadas por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Los docentes aseguran que el derecho a la protesta está reconocido por la OIT, la Corte Constitucional y las leyes colombianas, pero la Secretaría de Educación, liderada por Isabel Segovia, ha avanzado en descuentos arbitrarios a sus pagos.
Los afectados señalan que en sus desprendibles de pago aparecen días retenidos sin justificación, además de deducciones en bonificaciones pedagógicas obtenidas mediante luchas sindicales. Estas acciones son interpretadas como un intento de silenciar las voces críticas y debilitar el movimiento sindical docente. La Federación Colombiana de Educadores ha rechazado estas medidas, calificándolas como una violación a los derechos fundamentales de los trabajadores.
Además de las retenciones salariales, los maestros denuncian un clima de violencia e intimidación en las escuelas, donde actores ajenos a las instituciones han llegado a destruir instalaciones y agredir a docentes y estudiantes. Este ambiente hostil, según los denunciantes, es promovido por sectores políticos aliados al alcalde Galán, quienes buscan acabar con el sindicalismo y las protestas legítimas en defensa de la educación pública.
La situación ha generado un llamado urgente a partidos políticos, como el Nuevo Liberalismo, para que se pronuncien frente a lo que califican como una política antiderechos impulsada por el Centro Democrático. Los docentes exigen el cese de las represalias y el respeto a su libertad sindical, así como a su derecho a manifestarse contra despidos masivos y privatizaciones en el sector educativo.
Ya el ministro de trabajo se había referido a la denuncia hecha por el sindicato de la ADE ante el despido masivo de al menos 380 maestras provisionales que trabajaban en jardines infantiles de Bogotá. Según las profesoras afectadas con la decisión de la Secretaria de Educación de Bogotá al terminar abruptamente el convenio 7784 entre las Secretarías de Educación e Integración Social ha dejado a cientos de mujeres sin empleo y a miles de niños sin atención educativa.
Mientras tanto, la comunidad educativa de Bogotá sigue movilizándose para defender sus derechos laborales y denunciar lo que consideran un ataque sistemático contra la educación pública. La profesora Aura Nelly, representante del sindicato ADE, ha destacado la importancia de la solidaridad nacional e internacional para frenar estas acciones y garantizar justicia para los maestros afectados.
4/agosto/25