Prensa UP- En días pasados, la tranquilidad del municipio de Socha, Boyacá, se vio alterada tras conocerse la detención de varios campesinos defensores del páramo de Pisba. Los campesinos detenidos fueron acusados de obstrucción a la fuerza pública, que, según testimonios de la comunidad, estaría facilitando la movilización de recursos minerales provenientes de al menos 106 minas ilegales denunciadas en la zona.
Los habitantes de Socha exigen el cese inmediato de la explotación de carbón en el páramo de Pisba y reclaman a las autoridades municipales el cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado que ordena el cierre de las bocaminas en la zona. A pesar de que el plazo máximo para su clausura venció el pasado 30 de abril, más de 200 minas continúan operando ilegalmente, violando las normas ambientales que protegen este ecosistema estratégico.
Consultado al comandante de la Policía del Departamento, indico que el procedimiento era parte de una solicitud de un dueño de predio para acompañar su ingreso a la finca debido a que campesinos estaban obstruyendo dicha entrada.
La comunidad lleva más de 110 días protestando contra la minería ilegal en el páramo, bloqueando vías de acceso a las minas. Estas manifestaciones llevaron a la Alcaldía a ordenar a la Policía dispersar a los manifestantes, resultando en represión, agresiones y detenciones temporales de campesinos que ejercen su derecho constitucional a la protesta pacífica en defensa de su territorio.
Ante la inacción de las autoridades, se interpuso un derecho de petición a Corpoboyacá y a la Alcaldía de Socha para conocer las acciones emprendidas en cumplimiento del fallo judicial. Hasta ahora, solo se ha recibido respuesta de la autoridad ambiental, que señala a la Alcaldía como responsable de ejecutar las medidas necesarias.
Por ello, se hace un llamado urgente a la Alcaldía de Socha, Corpoboyacá, la ANLA, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería para que coordinen esfuerzos y garanticen el cese definitivo de la minería ilegal en este páramo, vital para el abastecimiento de agua en Boyacá y la Orinoquia. Además, se solicita a la Policía Nacional respetar los derechos humanos de los campesinos que defienden legítimamente su territorio.