Prensa UP_ La concejal Heidy Sánchez, representante de la nueva generación política de su colectividad, respondió con firmeza a las declaraciones del exsenador Humberto de la Calle, quien en una entrevista con Noticias Caracol cuestionó el carácter político de la violencia contra la Unión Patriótica (UP). Sánchez calificó sus palabras como «desafortunadas», especialmente viniendo de quien ha ocupado altos cargos del Estado desde los gobiernos de Virgilio Barco hasta la actualidad, con algunas excepciones. La edil defendió la memoria histórica de su partido y los aportes a la democracia colombiana, recordando que el exterminio contra la UP fue un «genocidio político» reconocido por la Justicia.
Sánchez destacó que instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, han documentado la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio sistemático de militantes de la UP. Según la JEP, 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra este movimiento, aunque la cifra real podría ser mayor. Entre las víctimas figuran dos candidatos presidenciales, cinco congresistas en ejercicio, diputados, concejales y miles de militantes, en lo que constituye uno de los capítulos más oscuros de la violencia política en Colombia.
La concejal enumeró los planes militares diseñados para aniquilar a la UP, como la Operación Cóndor (1985), el Baile Rojo (1986) y el Golpe de Gracia (1992), dirigidos a eliminar a sus líderes nacionales. Asimismo, recordó los planes Esmeralda (1988) y Retorno (1993), que buscaban exterminar las estructuras regionales del partido en Meta, Caquetá y Urabá. «Señor De la Calle, es increíble que bajo su discurso negacionista se omita el móvil político de estos crímenes», afirmó Sánchez, subrayando que el objetivo era «erradicar el pensamiento crítico» en el país.
La respuesta de la concejal no solo busca refutar las afirmaciones del exsenador, sino también reivindicar la lucha de la UP y su legado en la defensa de los derechos humanos y la democracia. Sánchez, como parte de una generación que honra esa historia, criticó que figuras con trayectoria en el Estado minimicen un crimen de lesa humanidad documentado. «Hablar de ‘fenómeno delincuencial’ en lugar de terrorismo de Estado es ignorar la verdad histórica», sostuvo.
El debate reavivado por estas declaraciones pone en evidencia las tensiones entre quienes insisten en una narrativa que desdibuja el conflicto político y quienes, como Sánchez, exigen reconocer los crímenes sistemáticos contra la oposición. Su intervención refuerza la necesidad de memoria histórica y justicia, especialmente en un contexto donde el negacionismo sigue siendo un obstáculo para la reconciliación.