Por: Aída Avella
El sistema de contratación pública electrónica en Colombia nació como una promesa de modernización, eficiencia y transparencia. Sin embargo, más de dos décadas después de su implementación inicial, el balance entre logros y desafíos sigue siendo desigual. El actual modelo, conformado por el SECOP I, SECOP II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), refleja una evolución tecnológica necesaria, pero también una serie de limitaciones estructurales que impiden su pleno potencial.
El origen del sistema se remonta al año 2000, cuando la contratación electrónica se incluyó como parte de un proyecto de modernización estatal. En 2007, se lanzó el SECOP (hoy SECOP I), un primer paso hacia la digitalización que permitió la publicación de procesos contractuales, aunque sin transacciones electrónicas. Fue solo en 2017, con la creación del SECOP II, que se dio un salto hacia la firma digital y la participación electrónica en licitaciones.
Sin embargo, esta transición no ha sido ni uniforme ni eficiente. Según del año 2021, apenas el 8% de las entidades públicas territoriales utilizan activamente el SECOP II. De las 6.274 entidades estatales, solo 553 están plenamente integradas al sistema. Esto evidencia un problema de fondo: la falta de conectividad, capacitación y voluntad política para garantizar su adopción masiva.
Uno de los mayores fracasos del sistema es su incapacidad para capturar la totalidad del gasto público en contratación. Aunque en 2021 se registraron compras por $54,74 billones en el SECOP II (más del doble que en 2019), esto apenas representa el 40% del gasto estatal total en contratación. Es decir, el 60% restante sigue operando en la opacidad, fuera del escrutinio público.
Peor aún son los costos ocultos del sistema. Según datos de Colombia Compra Eficiente (CCE), en los últimos diez años se han invertido más de $127 mil millones en «parches» y ajustes técnicos, una cifra que supera incluso el presupuesto destinado a desarrollar una nueva plataforma. Esto revela un ciclo vicioso: se gasta más en reparar un sistema defectuoso que en construir uno eficiente desde el principio.
La contratación pública electrónica debería ser un pilar de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, mientras persistan estas fallas, seguirá siendo una oportunidad desperdiciada. El Estado colombiano debe decidir si quiere un sistema que realmente garantice transparencia o si seguirá perpetuando uno que, en la práctica, deja demasiados vacíos por donde se filtran el despilfarro y la opacidad.