El Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República el proyecto de Presupuesto para la vigencia de 2025. La propuesta marca el inicio de un difícil camino de ajuste fiscal, condicionado por las pesadas «herencias malditas» de la deuda pública, que incluyen intereses de mora cobrados por prestamistas internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
El panorama para 2025 es complejo: se proyecta destinar 112,6 billones de pesos al pago de la deuda, una cifra significativamente superior a la de años anteriores. Este aumento implica menos recursos disponibles para atender las necesidades las políticas sociales y mas para lo banqueros.
Ante la falta de liquidez generada por esta carga histórica de deuda, se vislumbra la posibilidad de una reforma tributaria y una ley de financiamiento. Estas medidas se tornan necesarias debido a los compromisos adquiridos durante la administración del expresidente Iván Duque, quien gestionó un préstamo de 12 mil millones de dólares con el FMI en 2020, en plena crisis económica por la pandemia de COVID-19. Dicho préstamo, realizado bajo una línea de crédito flexible a corto plazo, ha resultado en un alto costo de financiamiento que el actual gobierno debe asumir, sin que hasta la fecha Duque haya hecho comentarios sobre este tema.
A pesar de los avances en política económica, el país continúa enfrentando desafíos estructurales. Un ejemplo positivo es la reducción del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que pasó de 36,7 billones de pesos en 2022 a 20,5 billones en 2023, con la expectativa de cerrar 2024 en 9,5 billones. Sin embargo, la deuda sigue siendo una carga significativa para las finanzas públicas.
El ministro Bonilla ha enfatizado que la dependencia histórica de la economía colombiana de la deuda, especialmente en tiempos de crisis, ha creado una situación de asfixia fiscal que limita la capacidad del presupuesto para responder a las necesidades del país. Aunque el presupuesto de 2025 es ambicioso en su enfoque hacia la justicia social y ambiental, también refleja la complejidad de gestionar una economía con grandes compromisos heredados.
El reto para el gobierno de 2025 será equilibrar la responsabilidad de honrar estos compromisos de deuda mientras se avanza hacia un modelo económico más sostenible y equitativo.