Prensa UP_ La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso decisivo en el Caso 06 al imputar responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército por el genocidio contra la Unión Patriótica (UP). La Sala de Reconocimiento concluyó que el ataque sistemático contra este partido político tuvo la intención deliberada de destruirlo, por lo que renombró formalmente el proceso como Genocidio contra el partido político Unión Patriótica.
Desde su apertura, el Caso 06 ha buscado esclarecer más de tres décadas de violencia. A junio de 2025, la JEP ha acreditado 560 víctimas, entre ellas cinco sujetos colectivos. El tribunal fortaleció su investigación con jornadas inéditas de escucha a víctimas de la UP en el exilio realizadas en 2019 en Europa, Canadá y Argentina, donde se recopilaron 29 informes y testimonios de militantes y familiares desplazados entre 1987 y 2004. Además, entre 2024 y 2025 se practicaron 12 diligencias de versión voluntaria que consolidaron la reconstrucción del expediente.
En el escrito de determinación de hechos y responsabilidades presentado el 9 de diciembre de 2025, la JEP imputó como máximos responsables a los generales retirados Iván Ramírez Quintero, excomandante de la Primera División, y Rito Alejo del Río Rojas, excomandante de la Brigada XVII. También fueron imputados los tenientes coroneles retirados Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez, por crímenes de genocidio, homicidio en persona protegida y delitos de lesa humanidad como exterminio, deportación, desplazamiento forzado, tortura y otros actos inhumanos.
Tras conocerse la decisión, la presidenta del partido Unión Patriótica, Aída Avella, afirmó que “aunque es un avance el señalamiento de estos militares en crímenes contra nosotros y contra la democracia, faltan más”. Los comparecientes tienen ahora 60 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. En paralelo, las víctimas y el Ministerio Público podrán presentar observaciones. Si hay reconocimientos plenos de responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública; si no, los señalados serán trasladados a la Unidad de Investigación y Acusación para un juicio adversarial, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión. La decisión marca un avance crucial en el esclarecimiento judicial de uno de los episodios más graves de violencia política en la historia del país.