Aída Avella_ La violencia política hacia las mujeres en Colombia no es una abstracción: toma muchas formas, desde lo verbal hasta lo físico, desde lo simbólico hasta lo digital, y sus víctimas son mujeres cuya voz defienden la igualdad, cuya dignidad exige reconocimiento. Teniendo como base las últimas elecciones se pudo evidenciar que, según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política, entre mayo y octubre de 2023, se registraron 34 casos de violencia política en departamentos como Antioquia, Cesar y Sucre, con hechos que incluyeron amenazas, hostigamientos, violencia psicológica en el 88,2% de los casos, violencia física en el 17,6% y violencia sexual en el 2,9%. Lamentablemente, se contabilizaron también dos asesinatos de candidatas y un atentado, lo que refleja que en Colombia ser mujer y aspirar a un cargo público puede significar un riesgo para la vida misma.[1]
Estos hechos no son aislados: la Fundación Artemisas ha identificado 74 casos de violencia política basada en género, mientras que la Misión de Observación Electoral reportó 52 hechos violentos contra candidatas, incluidas amenazas, secuestros y homicidios. El 44,1% de las mujeres víctimas aspiraban a una alcaldía y el 32,4% a una gobernación, lo que demuestra que la violencia se concentra en los espacios de mayor poder político. Además, el 11,9% de las agresiones se ejercieron en entornos digitales, lo que expone nuevas formas de acoso y silenciamiento en redes sociales[2].
Cabe destacar que en lo que va de 2025, la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá ha registrado 18 casos de violencia contra mujeres en política,[3] lo cual evidencia que los casos siguen siendo una constante, teniendo en cuenta que, además, muchos de estos casos probablemente no se denuncian por miedo, por falta de protección, por incertidumbre sobre si habrá sanción, por barreras sociales, culturales, estructurales, dado que la violencia política (psicológica, simbólica, económica, digital, sexual) actúa como barrera para la participación, para la representación, para el derecho de las mujeres a ser sujetas políticas con voz y autoridad real.
El 2 de abril de 2025, Colombia dio un paso histórico. Se sancionó la Ley 2453 de 2025, que tiene por objeto prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en política, para asegurar que puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y electorales. Como lo ha señalado el Ministerio de Igualdad y Equidad, la ley busca transformar los imaginarios sociales que normalizan estas violencias, y obliga a las colectividades a contar con protocolos efectivos de prevención y sanción. La implementación de la Ley 2453 de 2025 representa un paso histórico hacia una democracia más inclusiva, en la que la voz de las mujeres sea escuchada y respetada sin miedo ni violencia.
Es por esto que decimos que la Ley 2453 es un triunfo de las mujeres, de los movimientos sociales, de quienes creemos que la política no debe ser un espacio hostil, sino uno de encuentro, de deliberación, de justicia. Pero ese triunfo no estará consumado mientras una sola mujer tema participar. Mientras una sola mujer vea la política como riesgo y no como posibilidad. Mientras un solo acto de violencia quede en la impunidad. Exigimos hoy, sin retórica vacía: ley cumplida, justicia efectiva, igualdad real. Que las mujeres podamos participar libremente, con dignidad, con poder real, sin violencia. Porque la democracia que queremos, la democracia que merecen todas y todos, sólo es posible si las mujeres ocupan su lugar, sin miedo, con derechos, con fuerza.
[1] El Observatorio de Violencia Contra las Mujeres en Política insta a reconocer las violencias ejercidas contra candidatas del país
[2] Ídem
[3] ¿Eres víctima de violencia política? Aprende a identificarla | Secretaría Distrital de la Mujer