PRENSA UP_ El gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido llamar a consultas al embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, en un movimiento diplomático que refleja el profundo descontento con la política exterior estadounidense. Esta decisión, tomada en reciprocidad al retiro del encargado de negocios norteamericano en Bogotá, marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y evidencia las crecientes tensiones entre ambos gobiernos.
Detrás de esta medida se esconde una historia de incumplimientos y desencuentros. El presidente Petro ha mantenido una comunicación directa con la administración Trump, expresando personalmente las preocupaciones que aquejan al pueblo colombiano. «Todas mis cartas y comunicaciones al presidente Trump las he escrito personalmente», afirmó el mandatario, destacando el carácter íntimo y directo de su diplomacia. Sin embargo, más allá de las formalidades, lo que realmente preocupa es la falta de avances concretos en temas fundamentales para la región.
En materia ambiental, Estados Unidos ha mostrado una alarmante indiferencia frente a propuestas clave como la interconexión eléctrica continental y la protección de ecosistemas estratégicos. Mientras Colombia impulsa la transición energética y la revitalización de la Amazonía y el Chocó, las promesas de cooperación norteamericana brillan por su ausencia.
El combate al narcotráfico revela otra faceta de esta relación desigual. Pese a la existencia de redes criminales transnacionales como la autodenominada «Junta del Narcotráfico», con sede en Dubái y conexiones globales, la respuesta estadounidense ha sido tibia cuando no complaciente. Esta inacción contrasta con la retórica de «guerra contra las drogas» que tanto ha afectado a Colombia.
En el ámbito migratorio, las políticas norteamericanas siguen priorizando la represión sobre la dignidad humana. Lejos de avanzar hacia un tratado que regule los flujos migratorios con derechos garantizados, EE.UU. mantiene prácticas deportatorias masivas.
La situación se agrava en el terreno económico, donde se evidencia una negativa sistemática a discutir mecanismos innovadores como los canjes de deuda por acción climática. Esta herramienta, que podría liberar hasta 25 billones de dólares para enfrentar la crisis ambiental, choca con la intransigencia de Washington.
Las diferencias se profundizan al examinar la política hacia América Latina. Mientras Colombia propone soluciones negociadas para Venezuela, Cuba y Haití, Estados Unidos insiste en medidas coercitivas que sólo agravan las crisis. Tampoco existe un apoyo claro a iniciativas de paz en escenarios globales como Palestina o Ucrania, donde Colombia aboga por soluciones basadas en el diálogo y el respeto al derecho internacional.
El llamado a consultas del embajador García-Peña representa más que un gesto diplomático: es un llamado de atención sobre una relación bilateral que necesita urgentemente redefinirse. Mientras el gobierno colombiano mantiene su apuesta por la autonomía y la cooperación sur-sur, Estados Unidos parece anclado en prácticas del pasado.
Con la Cumbre EE.UU.-CELAC en el limbo y múltiples temas pendientes, esta crisis diplomática plantea una pregunta fundamental: ¿Está Washington dispuesto a tratar a América Latina como un verdadero socio, o seguirá imponiendo una relación de subordinación? La respuesta, o la falta de ella, definirá el futuro de las relaciones hemisféricas.