Prensa UP_ La senadora Aída Avella, integrante del Pacto Histórico, radicó ante la Secretaría del Senado un proyecto de ley que busca establecer un tope salarial para los funcionarios públicos. La iniciativa, denominada «Por la cual se fijan criterios para los aumentos salariales y los mega salarios», tiene como premisa central que «ningún funcionario del Estado gane más que el Presidente de la República».
La parlamentaria argumenta que esta medida es un paso necesario para mitigar la desigualdad salarial en Colombia, donde actualmente existen brechas abismales entre los trabajadores que devengan el mínimo y altos cargos que perciben sumas millonarias. «No es justo que a una persona que gana un salario mínimo se le aumente el mismo porcentaje que a un parlamentario o a un directivo de empresa pública que gana 50 millones de pesos», señaló Avella durante la presentación del proyecto.
El texto propone limitar los gastos de representación a un máximo de cinco salarios mínimos y establecer aumentos salariales inversamente proporcionales, priorizando a quienes menos ganan. Además, busca regular los sueldos de presidentes de federaciones, superintendencias y otras entidades que manejan recursos fiscales, bajo el principio de que «el dinero público debe servir al pueblo, no a privilegios de unos pocos».
Avella destacó que la iniciativa se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la OIT, que han alertado sobre los efectos negativos de la concentración de ingresos en el desarrollo social. «Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, y mientras el 82% de los trabajadores gana menos de dos salarios mínimos, una pequeña élite acapara fortunas. Esto no puede seguir así», afirmó.
El proyecto también incluye una transición gradual, respetando los derechos adquiridos de los actuales funcionarios, pero aplicando las nuevas reglas a quienes ocupen los cargos en el futuro. «No se trata de afectar derechos, sino de corregir un sistema que ha perpetuado injusticias. Los recursos ahorrados podrán invertirse en salud, educación y vivienda digna», explicó la senadora.
La iniciativa ya ha generado reacciones en el Congreso, donde sectores progresistas la ven como un avance hacia la equidad, mientras críticos la tildan de «populista». Sin embargo, Avella insiste en que es una medida de justicia social: «Reducir privilegios no es un capricho, es un deber ético en un país donde millones luchan por sobrevivir con un plato de comida al día». El proyecto pasará ahora a discusión en las comisiones económicas del Senado.
22/7/25