AIDA AVELLA ¿Qué está pasando con los parques de las principales plazas de Colombia? Se han acabado los árboles y se impone el cemento. Vemos con asombro cómo se repite un patrón que atenta contra el derecho ciudadano al espacio público verde. Lo ocurrido hace unos meses en el municipio de Barrancas, en La Guajira —donde el parque principal fue supuestamente intervenido mediante un millonario contrato para quedar igual o incluso peor, tras talar árboles para extender una enorme placa de cemento— no fue un hecho aislado. Hoy, la historia se repite en Girón, Santander, localidad que visité este fin de semana y en la que, junto a veedurías ciudadanas, constatamos la preocupante situación del parque del barrio El Consuelo, donde aún sobreviven árboles con más de 50 años de vida.
Ante esta situación, hacemos un llamado al alcalde de Girón, Campo Elías Delgado: no es aceptable que, bajo el pretexto de construir una cancha deportiva a través de un contratista privado, se sacrifique el derecho colectivo a un medio ambiente sano, protegido por la Constitución y las leyes colombianas.
Colombia cuenta con un marco jurídico robusto que protege los árboles y sanciona el arbolicidio o tala ilegal. Desde la garantía del ambiente sano consagrada en los artículos 79 y 80 de la Constitución, hasta las normas legales como el Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974), que exige permisos para la tala o poda de árboles, y la Ley 99 de 1993 junto con el Decreto 1076 de 2015, que otorgan a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) la responsabilidad de vigilar, autorizar y sancionar cualquier intervención sobre el arbolado urbano o rural.
Cualquier intervención sobre árboles debe contar con autorización previa de la autoridad ambiental competente. El incumplimiento de este requisito puede acarrear sanciones administrativas, civiles e incluso penales. Por eso le pregunto a los alcaldes que hoy contemplan proyectos que implican la tala masiva de árboles en sus municipios: ¿Tienen claro los límites que establece la ley? ¿Saben que contratar, bajo el amparo de la Ley 80, obras que afectan el arbolado sin permiso constituye una violación legal?
Hago un llamado a la reflexión para los alcaldes de Colombia. Desde la ciudadanía estaremos muy atentos y vigilantes para impedir que este arbolicidio siga avanzando en Colombia. Los árboles son patrimonio común, son barreras naturales contra el calentamiento global, hábitat de aves y otros animales, y fuente vital de sombra y oxígeno. Acabar con los parques de las comunidades no solo es destruir su memoria y su identidad: es atentar contra la vida, contra la biodiversidad, y contra el futuro de todos los que habitamos este planeta.
02 de septiembre de 2025