El debate sobre el salario mínimo volvió al centro de la agenda nacional tras el decreto del presidente Gustavo Petro que estableció un aumento histórico, y desenmascaró la posición vergonzante de la derecha cuando rechazo hace un mes el aumento salarial para los trabajadores de Colombia.
La propuesta de un salario vital no es una medida aislada, sino uno de los pilares políticos del Pacto Histórico, que plantea garantizar condiciones dignas para la clase trabajadora. Desde esta perspectiva, el ingreso mínimo no solo cubre inflación, sino que busca asegurar bienestar real para las familias colombianas. La primera reacción de sectores de oposición fue de rechazo frontal. Argumentaron que un incremento elevado afectaría la economía, generaría desempleo y pondría en riesgo la estabilidad de las empresas.
Gremios y voceros políticos insistieron en que el aumento podría provocar quiebras y frenar la inversión, planteando un escenario de crisis si se mantenía la decisión del Gobierno. Sin embargo, el debate tomó un giro inesperado cuando, tras la suspensión provisional del decreto por el Consejo de Estado, algunos sectores de derecha comenzaron a afirmar que no se debía rebajar el salario mínimo. El cambio de discurso sorprendió, pues pasó de advertir catástrofes económicas a defender que no se disminuyera el ingreso de los trabajadores.
Para diversos analistas, esta “voltereta” responde más a cálculos políticos que a convicciones económicas. En un ambiente preelectoral, ningún sector quiere aparecer promoviendo la reducción del ingreso de millones de trabajadores. Así, el salario vital se consolida no solo como una discusión económica, sino como un eje central de la disputa política nacional.