Prensa UP– Los docentes del Distrito de Riohacha, agrupados en la Asociación Sindical de Educadores de La Guajira (ASODEGUA), llevan más de dos semanas en paro indefinido. Esta medida de protesta surge como respuesta a la grave crisis estructural que enfrenta el sistema educativo en la región, donde se vulnera sistemáticamente el derecho fundamental a la educación, especialmente en zonas rurales y etnoeducativas.
Entre las principales exigencias de los maestros están el nombramiento de más de 400 docentes del escalafón y 497 etnoeducadores, la falta de transporte escolar para más de 4.000 niños de instituciones rurales, el abandono de la infraestructura educativa y la contratación tardía del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que inició en mayo pese a que el año escolar comenzó en enero. Además, denuncian la inestabilidad laboral del personal de apoyo, como aseadoras y vigilantes, esencial para el funcionamiento de las escuelas.
Uno de los problemas más graves es la falta de transporte escolar. En La Guajira, miles de niños deben caminar largas distancias, cruzar arroyos y ríos, especialmente en temporada de lluvias, para llegar a sus colegios. Esta situación no solo pone en riesgo su integridad, sino que constituye una violación a sus derechos fundamentales, ya que el Estado está obligado a garantizar el acceso efectivo a la educación.
A pesar de los recursos recibidos por la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Riohacha a través de regalías, no se han implementado soluciones concretas para resolver esta crisis. La comunidad educativa exige respuestas urgentes, especialmente para la niñez wayuu, que enfrenta condiciones de vulnerabilidad reconocidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017.
Ante esta situación, senadores del Pacto Histórico indicaron la necesidad que el Ministerio de Educación Nacional intervenga de manera inmediata para garantizar el derecho a una educación digna, intercultural y de calidad. La protesta de los maestros no solo busca mejorar sus condiciones laborales, sino también defender el futuro de miles de niños que hoy padecen las consecuencias del abandono de los gobierno locales que no destinan plata para cubrir los gastos de educación en su municipio.