El Gobierno del presidente Gustavo Petro no solo ordenó la reducción de $500 en el precio del galón de gasolina motor: blindó la medida con una advertencia contundente que deja claro que esta vez no habrá espacio para la especulación ni el sabotaje empresarial que históricamente ha neutralizado los intentos de aliviar el bolsillo popular. Mediante una circular dirigida a todos los distribuidores minoristas de combustibles en el país, el Ejecutivo estableció que desde hoy todas las estaciones de servicio del territorio nacional deben publicar la nueva tabla de precios en sus tableros visibles, surtidores, sistemas de facturación electrónica, material publicitario y canales digitales, sin excepciones ni medias tintas. La disposición es taxativa: ninguna estación podrá mantener precios anteriores, aplicar valores intermedios, realizar cobros diferidos ni implementar esquemas que oculten, fraccionen o distorsionen la reducción, cerrando así las puertas a las artimañas que tradicionalmente han utilizado los gremios para vaciar de contenido las decisiones progresistas en materia de precios.
Pero la medida va más allá de la simple instrucción administrativa: viene acompañada de una arquitectura sancionatoria que revela la determinación gubernamental de hacer cumplir la rebaja a rajatabla. La Superintendencia de Industria y Comercio iniciará investigaciones administrativas ante cualquier presunta vulneración a los derechos de los consumidores, y dará traslado inmediato a las autoridades penales y disciplinarias cuando las conductas puedan constituir delito o falta grave, elevando el incumplimiento de una simple infracción comercial a un asunto de responsabilidad penal. La reincidencia será considerada circunstancia agravante y podrá dar lugar a la cancelación definitiva de la autorización para la compra y distribución de combustibles, una amenaza real que apunta directo al corazón del negocio de quienes pretendan burlar la norma. Esta es una señal inequívoca: el Gobierno de Petro no está dispuesto a permitir que los intereses privados sigan prevaleciendo sobre el derecho ciudadano a combustibles más baratos, y quien se atreva a desafiar la medida pagará el precio de perder su licencia para siempre.