Prensa UP_ Este martes la plenaria del Senado de la República discute en último debate el Proyecto de Ley 212 de 2024, una reforma considerada histórica para el futuro de la educación superior en Colombia. La iniciativa busca garantizar la sostenibilidad financiera de universidades, instituciones técnicas y tecnológicas públicas, y con ello asegurar que el derecho a la educación superior se ejerza en condiciones de calidad y equidad.
El proyecto propone modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, vigentes desde hace más de tres décadas, y que han mantenido congelada la base presupuestal de las universidades públicas al mismo ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el texto, este mecanismo ha resultado insuficiente para cubrir los verdaderos costos de un sector que ha tenido que atender a más estudiantes, abrir nuevas sedes, mejorar su infraestructura y garantizar calidad con un presupuesto atado a la inflación de la canasta básica.
La reforma introduce un cambio de fondo: que los aportes estatales se calculen con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), elaborado por el DANE, el cual refleja gastos reales como salarios docentes, tecnología, insumos y exigencias académicas. Además, contempla un crecimiento progresivo de la inversión pública en educación superior hasta alcanzar al menos el 1% del PIB, y establece que los recursos crezcan cada año en una proporción no inferior al 70% del crecimiento económico anual.
El proyecto también incluye medidas de transparencia y control, como la participación de la Contraloría General, y garantiza que cada nueva sede universitaria reciba recursos adicionales permanentes.
Con este debate, el Congreso define si Colombia da un paso hacia la financiación estructural de la educación superior pública, un reclamo de décadas por parte del movimiento estudiantil y de las comunidades académicas. La discusión no se limita a recursos: está en juego la consolidación de un sistema educativo que, en palabras de los defensores de la iniciativa, debe ser entendido no como un gasto, sino como una inversión en capital humano, ciencia, innovación y movilidad social para el país.
23/9/25