Comunicado_ La senadora Aída Avella, de la UP en el Pacto Histórico, radicó este martes un proyecto de ley que busca transformar el funcionamiento de las notarías en el país. La iniciativa, titulada «Por medio de la cual se establece la naturaleza jurídica y el servicio público de las notarías», plantea cambios profundos en el régimen laboral, salarial y de acceso a estos cargos, con el objetivo de garantizar mayor equidad y transparencia.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la equidad salarial. La senadora Avella señaló que, mientras los notarios perciben ingresos elevados, los trabajadores de las notarías reciben remuneraciones muy inferiores, sin justificación alguna. La propuesta busca redistribuir los recursos recaudados, destinando un mayor porcentaje al presupuesto nacional y a la administración de justicia, en lugar de concentrarlos en manos de unos pocos.
Otro aspecto clave es la eliminación de privilegios en el acceso a los cargos notariales. Actualmente, los notarios no están obligados a participar en concursos públicos, a pesar de recibir salarios comparables a los de altos funcionarios del Estado. El proyecto establece que estos cargos deben ser ocupados mediante concurso de méritos, bajo el régimen de carrera administrativa, tal como lo exige la Constitución.
Además, la iniciativa busca transformar el estatus laboral de los empleados de las notarías, convirtiéndolos en funcionarios públicos. Este cambio garantizaría estabilidad, mejores condiciones laborales y acceso a derechos fundamentales, como la igualdad de oportunidades y la protección social.
La senadora Avella fundamentó su propuesta en mandatos constitucionales y fallos de la Corte Constitucional, que han insistido en la necesidad de regular la función notarial como un servicio público. También destacó que, en la actualidad, el 87.5% de los ingresos por derechos notariales queda en manos de los notarios, mientras solo el 12.5% se destina a la administración de justicia.
El proyecto de ley iniciará su trámite en el Congreso, donde se espera un debate amplio. De ser aprobado, representaría un avance significativo en la modernización del sistema notarial, asegurando que los recursos generados por este servicio beneficien a toda la sociedad y no solo a unos pocos.