Prensa UP_ El debate sobre la Reforma a la Salud impulsada por el presidente Gustavo Petro sigue siendo uno de los temas más intensos en la agenda política nacional. La propuesta busca transformar un sistema que, aunque ha logrado una cobertura amplia, enfrenta graves crisis en la atención, problemas de corrupción y precarización laboral en el sector. La disputa de fondo se da entre el modelo defendido por el Gobierno, que propone una gestión pública de los recursos y un enfoque preventivo, y el de la oposición, que advierte sobre los riesgos de eliminar la intermediación de las EPS y concentrar el control en el Estado.
Según el ABC de la reforma presentado por el Ejecutivo, el nuevo sistema se basa en la atención primaria, la equidad y la transparencia. El primer pilar es garantizar acceso universal y equitativo para todos los residentes del país, sin distinción de capacidad de pago. Además, se propone fortalecer la atención rural mediante el fortalecimiento de la red pública hospitalaria, con el fin de asegurar que la población en territorios apartados reciba atención digna y oportuna.
Otro eje central es la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, quienes han sufrido la inestabilidad generada por la tercerización. El Gobierno sostiene que la estabilidad y el bienestar del personal médico se traducirán en una atención de mayor calidad para los pacientes. A ello se suma la transparencia en la gestión de recursos, que implica reemplazar las actuales EPS por Gestoras de Salud y Vida, entidades encargadas de manejar tareas administrativas como la entrega de medicamentos y la programación de citas, pero bajo control público.
La reforma también plantea fortalecer la participación social en la gestión de los recursos, asegurar la autonomía profesional del personal médico y priorizar un modelo basado en la prevención y la detección temprana de enfermedades. Además, reconoce económicamente la labor de los cuidadores y mujeres gestantes, y propone becas para la formación de nuevos talentos en el área de la salud.
Desde la oposición, los sectores críticos —entre ellos el Centro Democrático, sectores del Partido de la U y parte del Partido Liberal— aseguran que la iniciativa podría generar un “caos administrativo”, afectando la continuidad de tratamientos y poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema. Argumentan que la eliminación de las EPS podría derivar en un modelo estatizado que reduzca la eficiencia y aumente la politización del servicio.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la reforma busca corregir los abusos y la corrupción que han caracterizado a varios actores privados del sistema, y que los recursos públicos deben ir directamente a hospitales y centros de atención, no a intermediarios. Para Petro, esta es una deuda histórica con el pueblo colombiano, orientada a garantizar un derecho fundamental y no un negocio.
La propuesta de reforma a la salud se ha convertido en el centro del pulso político entre el Gobierno del Cambio y la oposición. Mientras el proyecto enfrenta resistencias en el Congreso y observaciones de la Corte Constitucional, el Ejecutivo insiste en que se trata de una transformación estructural que busca construir un sistema más humano, transparente y territorial. En este debate, no solo se discute el futuro del sistema de salud, sino también el modelo de Estado y la forma en que Colombia entiende el derecho a la vida y al bienestar.