Prensa UP_ La reciente sanción presidencial de la Ley 2500 de 2025, que garantiza la reactivación de las Salinas Marítimas de Manaure (SAMA LTDA), marca un hito en la lucha por el desarrollo de La Guajira. Este triunfo es el resultado de un esfuerzo conjunto liderado por el gobierno del cambio en cabeza del exministro Germán Umaña, la bancada del Pacto Histórico, el respaldo clave de la senadora Aída Avella y los miembros de las comisiones económicas, quienes trabajaron para conciliar los intereses del Estado, las comunidades indígenas y los actores locales tras años de abandono.

 

La ley gestado desde las bases sociales de La Guajira y perfeccionado en el legislativo, refleja una visión integral de rescate empresarial. Con el impulso decisivo de la bancada guajira y el apoyo transversal en el Congreso, la iniciativa logró articular tres ejes fundamentales: el salvamento financiero de SAMA LTDA, su modernización tecnológica y un modelo de participación que prioriza a las comunidades ancestrales. Los 61 mil millones de pesos asignados por el Gobierno nacional son el reflejo de esta voluntad política compartida.

El futuro de SAMA LTDA se redefine con esta ley. Bajo una estructura accionaria que combina liderazgo estatal (50.1%) y participación mayoritaria de actores locales (49.9%), incluido el municipio de Manaure y asociaciones indígenas, la empresa podrá operar con autonomía pero sin perder su arraigo territorial. Este equilibrio, impulsado desde las comisiones económicas con aportes de la senadora Avella, busca evitar los errores del pasado y garantizar que las decisiones beneficien a toda la región. Los beneficios inmediatos son claros: generación masiva de empleo formal y dinamización de cadenas productivas asociadas. En un departamento con necesidades urgentes de oportunidades, la reactivación de SAMA LTDA significa puestos de trabajo directos en producción, logística y comercialización, además de incentivos para proveedores locales. Se estima que este impulso podría mejorar los ingresos de miles de familias wayuu y no wayuu que dependen de la actividad salinera.

La ley también incorpora salvaguardas históricas. La prohibición de enajenar las acciones estatales por 20 años —una exigencia de las comunidades— asegura que el patrimonio permanezca en manos públicas hasta recuperar la inversión. Además, mecanismos como la selección por méritos del gerente y auditorías periódicas, promovidos por la senadora Avella, buscan transparentar la gestión y blindar a la empresa de intereses particulares.

El desafío ahora es implementar la ley con la misma unidad que permitió su aprobación. Si se mantiene el compromiso de los representantes guajiros, el Gobierno nacional y las comunidades, SAMA LTDA podría convertirse en un referente de empresa mixta con impacto social. Para La Guajira, este es el comienzo de un camino hacia la soberanía productiva, donde los recursos naturales beneficien primero a quienes los han cuidado por generaciones.

12/8/25