Aída A
Las plantas termoeléctricas de Paipa I, II y III son un patrimonio histórico del pueblo boyacense, construidas durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla con una capacidad inicial de 33 Mega-Watt. Estas plantas, ubicadas en más de 70 hectáreas, donadas por el municipio de Paipa y el departamento de Boyacá, representan no solo una fuente de energía, sino también un símbolo de desarrollo regional.
Durante décadas, fueron administradas por la empresa de energía de Boyacá, EBSA, hasta que un contrato leonino firmado durante el gobierno del expresidente César Gaviria Trujillo, llevó a la empresa a una crisis financiera, obligándola a comprar energía a precios elevados, produciéndola en el mismo suelo boyacense.
En 2005, bajo el marco del CONPES 3327 y la Ley 812 de 2003, las plantas fueron transferidas a GENSA SA ESP, una empresa con sede en Manizales, como parte de un proceso de «saneamiento» de empresas públicas. Este cambio, lejos de beneficiar a Boyacá, consolidó el control del Ministerio de Hacienda, que hoy posee el 93,19% de las acciones de GENSA. Desde entonces, la administración de las plantas ha estado en manos ajenas a los intereses de la región.
Desde 2018, GENSA SA ESP ha asumido el control total de las plantas, pero su gestión ha sido desastrosa. La empresa ha vendido energía a precios por debajo del mercado,generando pérdidas millonarias, y ha dejado proyectos clave, como las torres de enfriamiento, abandonados y sin ejecutar.
Esta situación ha llevado a las plantas al borde del colapso, mientras los trabajadores y trabajadoras enfrentan la amenaza constante de perder sus empleos y el sustento de sus familias. Más de 250 familias dependen directamente de estas plantas, y otras 2,500 vinculadas al sector minero también están en riesgo. Los trabajadores no solo luchan por sus empleos, sino también por la soberanía energética de Boyacá.
La transferencia a GENSA SA ESP no solo despojó a Boyacá de un recurso estratégico, sino que también condenó a las comunidades locales al abandono y la precariedad. Se exige que la administración de las plantas regrese a manos de los boyacenses, tal como ocurría antes de 2005.
Las plantas termoeléctricas de Paipa I, II y III son más que infraestructura energética; son un símbolo de la lucha por la dignidad, el empleo y el desarrollo regional. Hemos denunciado la situación a la Contraloría General de la Nación. Los trabajadores y trabajadoras, junto con las comunidades afectadas, hacen un llamado urgente a la movilización para defender estas plantas y exigir su devolución a Boyacá.