Prensa UP
En una junta militar, los generales y altos mandos de la época definían los asesinatos de dirigentes del Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica bajo la doctrina del enemigo interno. Estos militares, que hoy gozan de impunidad y libertad, no quieren reparar los daños causados. Así se reúnen las declaraciones de exmilitares ante el tribunal de justicia JEP. Según las versiones hecha pública por un medios de comunicación, los militares diseñaron planes para matar a los contradictores políticos.
El agente de inteligencia José Dorado, en su confesión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reveló detalles escalofriantes sobre el plan de exterminio contra integrantes de la izquierda, especialmente de la Unión Patriótica (UP) y el M-19. Este plan, ejecutado desde el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia y la Brigada XX, estuvo activo desde 1986, y su objetivo era claro: eliminar a quienes pensaban distinto.
Dorado, primo del narcotraficante Justo Pastor Perafán, explicó que su primo tenía una estrecha relación con varios generales, lo que le permitió acceder al Ejército y participar en misiones de infiltración en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar antes de llegar a Bogotá en 1986. Según Dorado, el plan de exterminio comenzó en 1986, equiparando a la UP con la guerrilla de las FARC tras los acuerdos de La Uribe en 1984.
El agente detalló que dentro del Batallón de Inteligencia (BINCI) se organizaron grupos de vigilancia y seguimiento, liderados por el mayor René Sanabria y el capitán Camilo Pulecio, quienes recolectaban información sobre los objetivos. Los grupos de operaciones especiales, encargados de secuestrar y eliminar a los objetivos, estaban comandados por un capitán de apellido Rodríguez y otro Sánchez, con la participación del coronel Álvaro Velandia.
Dorado también mencionó la participación de un capitán de apellido Zuluaga en la coordinación del homicidio de José Miller Chacón en 1993. Según el testimonio, estos operativos estaban bajo las órdenes de generales como Harold Bedoya, Álvaro Velandia, Mario Montoya e Iván Ramírez Quintero, quienes supervisaban los casos de exterminio de líderes sociales y miembros del Partido Comunista Colombiano (PCC).
El agente confesó que Iván Ramírez Quintero participó en los interrogatorios y secuestro de Nydia Érika Bautista, exmilitante del M-19, cuyo cadáver fue lanzado en 1987 para afectar los diálogos de paz entre el M-19 y el gobierno. Dorado también señaló la participación de la inteligencia militar en los homicidios de Jaime Pardo Leal y Jaime Garzón, así como en la liberación de Álvaro Gómez Hurtado en un intercambio con el M-19.
El último homicidio mencionado por Dorado fue el del abogado Eduardo Umaña Mendoza en 1998, quien se convirtió en objetivo por tener información comprometedora. Las investigaciones de la JEP avanzan firmemente a partir del testimonio de Dorado, y se han identificado más sitios de tortura y cuerpos en la Escuela de Logística del Ejército.
La gravedad de las confesiones ha llevado a la creación de una mesa técnica entre la JEP y la Fiscalía para avanzar en el recaudamiento de pruebas y el procesamiento de los involucrados. Sin embargo, algunos investigadores han enfrentado problemas de seguridad tras comenzar a remover estos casos.
En reacción a estas revelaciones, la senadora Aída Avella reprochó en plenaria del Congreso la falta de justicia y verdad, y enfatizó la importancia de la no repetición. «No puede ser que los militares mencionados estén cómodos en los clubes militares cuando se necesita la verdad de lo sucedido», manifestó Avella, subrayando la necesidad de esclarecer estos crímenes y garantizar que no se repitan.