La corrupción en el sistema de salud colombiano ha sido una pandemia silenciosa que se instaló hace treinta años, con la apertura económica que transformó el derecho fundamental a la salud en un negocio lucrativo. Desde entonces, la salud dejó de ser una garantía para todos y pasó a ser manejada por intereses privados, donde los recursos destinados al bienestar de la población se desvían y malgastan, afectando a millones de colombianos.
La Contraloría General de la República reveló un preocupante desvío de recursos públicos destinados a la salud, afectando gravemente la prestación de servicios para millones de colombianos, en especial niños y niñas.
Según el informe, durante el 2020 se identificaron hallazgos fiscales por $6 billones de pesos en 24 EPS, debido a la incorrecta estimación de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Adicionalmente, otros $5.3 billones están en proceso de investigación preliminar por presunta incidencia fiscal. Estos fondos debían ser usados exclusivamente para garantizar el acceso a servicios de salud, pero fueron desviados hacia gastos ajenos a este fin.
Entre las irregularidades, la Contraloría reportó el uso de $5.4 billones de la UPC del año 2020 para cubrir servicios de salud de años anteriores, lo que va en contra de la normativa que establece una destinación específica para estos recursos. Además, se descubrieron $643 mil millones correspondientes a excedentes de Presupuestos Máximos, cuyo destino es desconocido. En casos como el de NUEVA EPS, se encontraron giros sin soportes por $2.1 billones de pesos, mientras que en FAMISANAR la cifra alcanzó los $643 mil millones.
Particularmente preocupante es el uso de los recursos de la UPC para pagos no relacionados con servicios de salud. Por ejemplo, la NUEVA EPS destinó $40 mil millones a gastos como honorarios de junta directiva, clases de yoga y pilates, bonos de regalo, y otros rubros que no deberían financiarse con fondos destinados a la salud pública. Estas prácticas de corrupción y mala administración ponen en riesgo el acceso a servicios médicos de millones de colombianos, deteriorando la calidad de la atención y afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.
El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, calificó estos hallazgos como de impacto nacional y confirmó que se abrirán procesos de responsabilidad fiscal por $6 billones de pesos. Además, las investigaciones se trasladarán a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, con el objetivo de llevar ante la justicia a los responsables de desviar estos recursos esenciales para la salud. También se alertó a la Fiscalía y la Procuraduría para que tomen las acciones correspondientes.
Este informe pone en evidencia la urgencia de reforzar los controles sobre los recursos destinados a la salud en Colombia. El mal manejo de estos fondos no solo socava la confianza en el sistema, sino que también afecta directamente el bienestar de los ciudadanos, privándolos del acceso a servicios esenciales. La lucha contra la corrupción en el sistema de salud debe ser una prioridad para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente y eficiente.
Además, los niños y niñas son los más afectados por esta crisis. La corrupción impide que reciban atención adecuada, lo que obstaculiza el desarrollo de sus habilidades cognitivas y su bienestar general. La falta de políticas efectivas de prevención y tratamiento de enfermedades evitables o curables condena a los menores a vivir con problemas de salud que afectan su rendimiento escolar y su calidad de vida. Un sistema de salud que permita que las personas mueran o sufran por enfermedades tratables es un sistema que compromete la productividad y el futuro de Colombia. No solo se pierde la vida de los ciudadanos, sino que se reduce la capacidad del país para generar riqueza y prosperidad.
Ojo al Caso Guajira
En La Guajira durante hasta el año 2022 habían muerto casi cinco mil niños por desnutrición. Todos los niños de La Guajira a una EPS a la que se giraban recursos mensuales de la UPC para su atención y prevención, incluso en zonas rurales dispersa.
Entre 2020 y 2022, La Guajira sufrió una grave crisis de desnutrición infantil. En 2022, 50 niños menores de cinco años murieron debido a la desnutrición, lo que representó un aumento del 92% en las muertes infantiles relacionadas con esta causa. Además, se registraron 1.270 casos de desnutrición aguda en el mismo año. Esta situación se agravó por la falta de acceso a servicios básicos como agua y atención médica, especialmente entre las comunidades wayuu, a pesar de la existencia de una sentencia judicial que exige protección para estos derechos.