La proliferación de tecnologías de ciberespionaje como Pegasus es, sin duda, uno de los desafíos más graves a los que se enfrenta la libertad de prensa y las democracias. Lo que antes se limitaba a operaciones de inteligencia en manos de gobiernos, ahora es en un lucrativo negocio global, donde empresa israelí, líder mundial de espionaje, NSO Group venden sus servicios a regímenes de derecha, con el grave riesgo de violar las libertades ciudadanas y los derechos humanos.
NSO Group justifica sus operaciones con el argumento de combatir el terrorismo y el crimen, la misma narrativa de los militares israelíes que justifican el genocidio en Gaza, pero es innegable que el software Pegasus ha sido utilizado de manera sistemática para espiar a opositores, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos en al menos 20 países.Una buena porción de ese mercado es America latina.
La vigilancia tecnológica es una táctica de intimidación. No es exagerado decir que, donde Pegasus se instala, la democracia las derechas se fortalecen, los gobiernos autoritarios afinan su persecución y las políticas de violación de derechos humanos se consolidan. Hasta las poderosas multinacionales como Apple y Whatsapp se convierten en sujetas de violación de la seguridad de sus aplicaciones y teléfonos. De hecho, mantienen contra la empresa de espionaje Israelí, litigios estratégicos para no ser violentados los usuarios de sus aplicaciones.
Además, los gobiernos no solo están violando derechos fundamentales, sino que lo hacen con recursos públicos. Millones de dólares han sido invertidos en programas como Pegasus, como es el caso de México y Guatemala, donde los montos destinados al espionaje son escandalosos (12 millones de dólares en ambos casos). ¿Qué mensaje se envía cuando en lugar de invertir en educación, salud o infraestructura, se destina dinero a vigilar y controlar a la prensa y la sociedad civil?
Es urgente que la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos intensifiquen la presión para detener el uso de estos programas. La vigilancia indiscriminada a periodistas, activistas políticos, opositores y defensores de derechos humanos no puede ser normalizada ni tolerada.