Iván Posada Pedraza
Con el propósito de superar el atraso de ramas clave de la economía, el Gobierno y la banca privada acordaron una inyección adicional de recursos para finalizar este cuatrienio con mayores tasas de crecimiento
Con el objetivo de buscar fórmulas para la reactiva- ción, meta estratégica al 2026, la administración de Gustavo Petro y el sector bancario han acordado inyectar recursos económicos adicionales a los sectores deprimidos. Estos sectores han sufrido, entre otras causas, los efectos de la pandemia, como el cierre definitivo o temporal de em- presas, despido de empleados, etc.
Este impacto se ha reflejado en el bajo crecimiento del PIB en 2023, que fue del 0,6 por ciento, según el DANE. Además se debe considerar el aumento de las tasas de interés en los dos últimos años. Las ramas regazadas son precisamente las que deberían jalonar la economía por su aporte al total del crecimiento y por la capacidad de ocupar altos volú- menes de mano de obra.
El comercio, construcción y ma- nufactura, por ejemplo, aportan 7,6 millones de trabajadores del total de empleados, 23 millones en cifras re dondas, es decir, el 33 por ciento de
la fuerza laboral del país (Gráfico 1).
CONTEXTO
La recesión en el sector de la construcción se debe a una disminución del 12,3 por ciento en las obras civiles, según La República (agosto 29/2024). Esta caída es resultado de la baja ejecución de las obras públicas y un estancamiento en la contratación. Además, varios proyectos de vías de cuarta generación (4G) están estancados por la falta de recursos necesarios para su puesta en operación.
La industria manufacturera
El año 2023 finalizó con una reducción de la producción de -6,8; las ventas en -3,5 y una pérdida de em- pleados de -1,9 por ciento (DANE, 2023). La fabricación de automóviles y autopartes es uno de los subsectores más afectados, el cual aporta un porcentaje importante de mano de obra en esta rama. Otros factores que influyeron en este pésimo resultado son el de las altas tasas de interés fijadas por el Banco de la Re pública, el estancamiento de la de- manda de bienes duraderos y semiduraderos, y las familias priorizaron gastos en arriendo, alimentos, servicios públicos, etc.
El comercio, por su parte, se con trajo el año pasado a causa del bajo consumo de las familias colombianas, sobre todo de bienes suntuarios. Esto también se dio porque los precios de los alimentos y servicios públicos se encarecieron debido a las altas tasas de inflación que aún persisten en lo corrido de este año, siete por ciento.
Economía Popular
Esta abarca un amplio universo de unidades económicas como la micro y pequeña empresa, familiares y comunitarias, que ocupan entre uno y diez empleados. Estas conforman cerca del 90 por ciento del total de empresas del país y son parte esencial en la cadena de producción, transporte y comercialización de bienes y servicios.
Los resultados hasta el segundo semestre de 2024 indican que la recesión persiste en la manufactura y otras actividades presentan algún grado de mejoría con respecto al año pasado (Gráfico 1).
Pacto por el crédito
Dada esta situación de estancamiento de los sectores arriba citados, el pacto nacional por el crédito estipula que la banca inyectará a estos y a otros sectores $55 billones adicionales, con respecto a los des- embolsos del año pasado. De igual forma, el acuerdo establece que “los sectores que recibirán más crédito serán vivienda e infraestructura, manufactura, transición energética, el agro, el turismo y la economía popular” (Portafolio, agosto 28/2024, p. 7).
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aclaró que “no es una misma receta para todos los sectores. Los mecanismos, tasas y garan tías se discutirán en las próximas conversaciones con cada sector”. El primero de estos sectores, en el que se sentará a negociar los términos, será el de vivienda, con un desembolso inicial de seis billones de pesos hasta completar 40,6 y así sucesivamente con el resto de los sectores priorizados en los próximos 18 meses hasta completar 249 billones en total
El sector solidario se vincula
María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, afirmó que se busca articular la banca pública con el Fondo Nacional de Garantías, de tal forma que las cooperativas tengan capacidad de colocar cerca de cinco billones de pesos en el sector productivo, sobre todo en la micro y pequeña empresa, sector afectado durante la pandemia, con cierre de empresas y despido de trabajadores. Cerca de 170 cooperativas de ahorro y crédito podrían apoyar proyectos de inversión que, en el contexto de la reactivación económica, contribuyen a este propósito.
Algo de destacar de este acuerdo nacional por el crédito es que va dirigido a apalancar sectores que, tradicionalmente, no podían acceder a la financiación como la pequeña empresa y la economía popular. Es- tos ahora podrán obtener préstamos para su actividad económica en condiciones mucho más favorables.
Un segundo momento para la reactivación económica es el documento que envió el Consejo Gremial Nacional a la Presidencia de la República, con 28 puntos centrados en la competitividad, comercio exterior, mecanismos de financiación y ejecución de proyectos. Algunos de estos temas están contenidos en el pacto nacional por el crédito, así que se amplía el abanico de propuestas para la esperada reactivación.
Reflexión final
Los conflictos entre la banca privada y el Gobierno para reactivar la economía indicarían que el sector estatal necesita una banca fuerte para apalancar sus planes y proyectos y no quedar condicionado a los intereses del sector financiero.