Prensa UP
En un esfuerzo por abordar la problemática estructural de financiación de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, el Gobierno del cambio ha presentado un proyecto de ley que busca redefinir el modelo de financiación. Este nuevo enfoque pretende garantizar la sostenibilidad del sistema de educación superior público a mediano y largo plazo, cerrando brechas regionales y poblacionales. La iniciativa, presentada este 3 de septiembre por Daniel Rojas, ministro de Educación, se centra en mejorar la cobertura, regionalización, permanencia, calidad, pertinencia, bienestar y dignificación de la labor docente, entre otros aspectos cruciales para el desarrollo educativo del país.
A pesar de que esta medida no constituye la reforma integral a la educación que se había propuesto en años anteriores, representa un avance significativo en términos de financiación. La Ley 30 de 1992, que ha mantenido constantes los recursos para las IES públicas, ha sido fundamental para el desarrollo del sector, pero sus limitaciones han impedido un acceso equitativo y de calidad. Este nuevo proyecto de ley busca superar estas barreras, ofreciendo un marco más flexible y adaptado a las necesidades actuales.
El panorama de la educación superior en Colombia ha mostrado un crecimiento notable en cobertura, pasando de una tasa del 15% en 1992 a un 55,4% en 2023. Sin embargo, este progreso no ha sido uniforme en todo el país. Regiones como Vaupés, Vichada y Amazonas presentan tasas de cobertura significativamente inferiores al promedio nacional, reflejando profundas desigualdades regionales. Factores como el marco legal, las desigualdades socioeconómicas y las limitaciones en la oferta educativa han contribuido a esta disparidad.
En 2023, Colombia reportó 2.475.833 estudiantes matriculados en educación superior, con una mayoría (92.1%) en programas de pregrado. El sector público atendía al 56.5% de estos estudiantes, pero la financiación constante frente al crecimiento de las IES públicas ha generado una situación de desfinanciación generalizada. Esto ha impedido que las instituciones cumplan plenamente con sus funciones misionales, como ofrecer educación de calidad e impulsar la investigación.
El proyecto de ley propone una serie de reformas clave, basadas en el diálogo con diversos sectores de la sociedad. Entre ellas, se destacan la equidad y cobertura, calidad y pertinencia, sostenibilidad financiera, autonomía y rendición de cuentas, y flexibilidad en la distribución de recursos. Estas medidas buscan no solo mejorar la calidad de la educación superior, sino también asegurar que sea accesible y relevante para las necesidades del mercado laboral, garantizando así un futuro más prometedor para la educación pública en Colombia.