Por Diana Carolina Alfonso
Semanario Voz
El 13 de noviembre la Cámara de Casación de la Argentina condenó a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
El fallo contra la exmandataria se enmarca en una persecución histórica del poder judicial contra el peronismo, azuzada por las corporaciones financieras y mediáticas. Desde los años cincuenta hasta 1983, aquel entronque oligárquico ejecutó la proscripción del peronismo.
La huella patriarcal de esa violencia clasista se reflejó con el secuestro del cadáver de Eva Duarte de Perón. Su cuerpo, cual botín de la guerra patriarcal contra el pueblo peronista, fue raptado, violado e incluso expuesto a las macumbas de militares y policías. También a Cristina la quisieron un cadáver pedagogizante. En 2022 la familia Caputo, exministros de Mauricio Macri y jefes de cartera de Milei, se involucraron con la organización neonazi Revolución Federal, responsable del intento de magnicidio en contra de Cristina. Hasta el momento el poder judicial no ha juzgado a ningún responsable intelectual del atentado.
La cacería contra Fernández se desató ferozmente en 2010 justo cuando enviudó. Mientras los jueces le abrían causas corriendo al llamado de operaciones mediáticas como “La Ruta del Dinero K”, la prensa inventaba amantes, ridiculizaba su duelo sexualizándola y llenaba los tabloides con apodos ruines como “la yegua”.
El fallo establece que Fernández favoreció al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz. El proceso fue abierto en el gobierno de Mauricio Macri. No obstante, fue el propio perito contratado por esa administración quien desvirtuó cualquier sobrecosto o desvío de las credenciales para la contratación de la obra pública.
Como si fuera el dueño de un plantel de fútbol, Macri designó a los jueces y fiscales de la causa contra Cristina. El fiscal Luciani y los jueces Mario Llorens y Giménez Uriburu jugaban en el equipo amateur Liverpool, y compartían torneos deportivos en la quinta Los Abrojos, propiedad de Macri.
Además de la afición del fútbol, Macri y el poder judicial comparten el interés de eliminar a “esa mujer”. Uno de los jueces más conocidos del golpe judicial contra Fernández es Julián Ercolini, el mismo que en 2022 saltó a la fama luego de comprobarse que organizó un encuentro en una propiedad patagónica del magnate inglés y amigo de Macri, Joe Lewis. Al encuentro conocido como “viaje lawfare” asistieron jue ces, miembros de la inteligencia lo cal y estadounidense, y empresarios del multimedio Clarín.
Si bien el golpe contra la lideresa debe entenderse como un revanchismo empresarial contra las polí ticas soberanistas y redistributivas de la era kirchnerista, el condicionante patriarcal de la persecución busca escarmentar a la base social organizada, recordando la vileza contra el cuerpo de “esas mujeres” -al decir de Rodolfo Walsh-, Eva Duarte y Cristina Fernández.