POR: AIDA AVELLA
El 16 de noviembre de 2024, durante un debate de control político en Pasquilla, zona rural de Ciudad Bolívar, se evidenció una grave problemática relacionada con la ejecución de los convenios interadministrativos 682 y 774, establecidos entre la Alcaldía Local y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (ALDESARROLLO). Estos convenios, que tenían como objetivo la tecnificación y el apoyo al desarrollo rural, no sólo no cumplieron con las expectativas, sino que generaron un descontento generalizado entre los campesinos y campesinas, quienes denuncian la falta de pagos y la ausencia de los insumos prometidos para el proceso de tecnificación. A pesar de que los recursos para los dos convenios suman más de seis mil millones de pesos, los ciudadanos siguen sin recibir los beneficios acordados. Esta situación pone de manifiesto una clara deficiencia en la ejecución de los recursos públicos y plantea la urgente necesidad de conocer el destino de dichos fondos.
Una de las aristas más preocupantes de este caso es el rol de ALDESARROLLO, una entidad que se presenta como sin ánimo de lucro y de naturaleza pública, integrada por varias universidades. Sin embargo, al observar la cantidad de contratos firmados entre agosto de 2022 y julio de 2023—un total de 88 contratos que superan los 226.100 millones de pesos—surgen graves sospechas sobre el manejo de estos recursos. Denuncias señalan que ALDESARROLLO ha aprovechado los vacíos legales en la contratación estatal para firmar convenios directos, lo que facilita la opacidad en la ejecución de los mismos y favorece la mala gestión. Esto refleja una práctica perniciosa que, lejos de contribuir al desarrollo integral de las comunidades rurales, termina favoreciendo a unos pocos con el dinero público.
Este tipo de situaciones no son aisladas, sino que responden a un problema estructural más amplio: la corrupción en la gestión pública. Los llamados «contrataderos» son una manifestación de un sistema que, al permitir la distribución discrecional de contratos sin la debida transparencia, facilita el desvío de recursos destinados a mejorar la calidad de vida de la población. La corrupción, por lo tanto, no solo implica el robo de dinero, sino también la negación de derechos fundamentales, como el acceso a servicios básicos y la oportunidad de desarrollo de sectores vulnerables.
Ante esta realidad, es fundamental reflexionar sobre la responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Pedo a la Contraloría y a los otros entes de control actuar con rigor para investigar estos casos y aplicar las sanciones correspondientes. Al mismo tiempo, es imperativo que la ciudadanía asuma un rol activo en la vigilancia de la gestión pública. La participación ciudadana, mediante la veeduría y la denuncia de irregularidades, es una herramienta crucial para garantizar que los recursos sean utilizados de manera transparente y en beneficio de la comunidad.
El combate a la corrupción es una tarea que nos concierne a todos. Es necesario erradicar estas prácticas de raíz para asegurar que los recursos públicos cumplan su propósito de contribuir al bienestar colectivo y no sean malversados por intereses particulares. Trabajaremos desde el congreso para que este problema no nos siga afectando y podamos tener una ejecución de recursos que beneficien realmente a la población en todos los niveles.