Omar Romero D
El robo de tierras en Colombia es un fenómeno profundamente arraigado que refleja las desigualdades estructurales y la corrupción en la gestión de recursos fundamentales para la paz y el desarrollo. Según el reciente informe presentado por Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, aproximadamente 100,000 hectáreas destinadas a la reparación de víctimas de la violencia están hoy en manos de particulares vinculados a clanes políticos, paramilitares y narcotraficantes. Este problema no solo revictimiza a quienes sufrieron el despojo inicial, sino que perpetúa un modelo de impunidad que ha caracterizado la historia agraria del país.
Contexto del problema
El acceso a la tierra ha sido una de las principales causas del conflicto armado en Colombia. Durante décadas, la violencia de actores armados como los paramilitares encontubernio con los politicos facilitó el despojo masivo de tierras, principalmente a campesinos y comunidades vulnerables. Con la desmovilización paramilitar en los años 2000, se esperaba que el Estado recuperara estos territorios para restituirlos a las víctimas. Sin embargo, el informe revela que gran parte de estas tierras terminaron en manos de nuevos actores ilegítimos, incluidos políticos nacionales , locales y testaferros de los antiguos victimarios.
Este fenómeno evidencia un doble fracaso estatal: por un lado, la incapacidad de proteger a los despojados y garantizar la reparación; por otro, la complicidad, directa o indirecta, de instituciones que permitieron la apropiación ilegal de estas tierras. Según Harman, la omisión estatal es tan grave que los verdaderos «expropiadores» no han sido los gobiernos recientes, sino los clanes políticos y económicos que se han beneficiado del caos administrativo.
Ejemplos emblemáticos
El informe destaca casos específicos que reflejan la magnitud del problema. En Buenavista, Córdoba, por ejemplo, tierras devueltas por el exparamilitar alias «Macaco» al Estado terminaron en manos de un concejal local. En Cesar, la Hacienda Las Américas, que debía ser destinada a campesinos, fue ocupada por personas vinculadas al paramilitarismo. Estos ejemplos no solo ilustran la apropiación indebida, sino también la falta de controles efectivos en la administración de los bienes entregados en procesos de justicia y paz.
Otro caso relevante es el de Puerto López, Meta, donde tierras baldías —que pertenecen al Estado— fueron apropiadas por la familia de Víctor Carranza, un reconocido esmeraldero con vínculos paramilitares. Estos ejemplos subrayan cómo las redes de poder local han utilizado la violencia y la corrupción para consolidar su control sobre recursos estratégicos.
Implicaciones sociales y políticas
El robo de tierras tiene implicaciones profundas para el desarrollo rural, la justicia social y la consolidación de la paz en Colombia. Primero, perpetúa la desigualdad al privar a los campesinos de acceso a los recursos necesarios para su sustento. Segundo, socava la confianza en las instituciones, especialmente en un contexto donde las víctimas ya enfrentan barreras para acceder a la justicia. Finalmente, fortalece estructuras de poder ilegítimas que utilizan la tierra como instrumento de control social y económico.
El actual gobierno ha señalado que la recuperación de estas tierras es fundamental para la implementación de una reforma agraria efectiva. Sin embargo, este esfuerzo enfrenta resistencia de los sectores tradicionales que ven amenazados sus intereses. La denuncia de Harman muestra que cualquier intento de redistribución de la tierra genera tensiones en las regiones, donde los latifundistas y actores ilegales han consolidado su influencia.
Reflexión crítica
La denuncia del «cartel de tierras» pone de manifiesto las fallas estructurales de Colombia en la gestión de su territorio. No se trata solo de un problema técnico, sino de una cuestión profundamente política que requiere decisiones valientes y un compromiso real con la justicia. La apropiación indebida de tierras destinadas a las víctimas es un acto de revictimización que contradice los principios básicos de reparación y reconciliación. Además, demuestra cómo las dinámicas de poder locales siguen priorizando intereses privados sobre el bien común.
En este contexto, la reforma agraria debe ir más allá de la redistribución de tierras. Debe incluir medidas integrales para garantizar la protección de las víctimas, fortalecer la capacidad del Estado para administrar sus bienes y sancionar de manera ejemplar a quienes han lucrado con el dolor ajeno. Solo así se podrá avanzar hacia una Colombia más equitativa y en paz.
Para finalizar, el caso del robo de tierras en Colombia no solo es un ejemplo de corrupción e impunidad, sino un recordatorio de los retos pendientes para transformar las estructuras agrarias y políticas que perpetúan la injusticia. Es imperativo que estas denuncias se traduzcan en acciones concretas para devolver la tierra a quienes verdaderamente les pertenece: las víctimas y los campesinos. Solo así se podrá romper el ciclo de despojo y exclusión que ha marcado la historia del país.