Óscar Sotelo Ortiz
Entrevista con Andrés Camacho
Andrés Camacho hace parte de una generación joven comprometida en política. Como ingeniero eléctrico y licenciado en física de la Universidad Distrital, es el primer egresado de esta institución pública en ocupar un asiento ministerial en el Gabinete de la República de Colombia.
Es bogotano, hincha de Millonarios y ferviente seguidor del punk rock. Formado en el seno del movimiento social, especialmente el estudiantil, ha combinado su carrera como activista con el de la docencia universitaria.
Gracias a esa experiencia y a su maestría en Administración de la Energía y sus Fuentes Renovables hecha en Monterrey, México, desde el 4 de agosto de 2023 es el ministro de Minas y Energía, una de las carteras estratégicas para el Gobierno nacional.
VOZ habló con el ministro Camacho sobre las reflexiones que dejó el reciente paro camionero, la transición energética justa, las acciones para reformar el oligopólico mercado tarifario, en otros temas.
Paro camionero y ACPM
En días pasados ocurrió una “crisis” en el abastecimiento de combustible que se usa para aviones. Mucho se ha dicho sobre la situación, pero quisiéramos conocer la versión que tienen desde el Ministerio. ¿Qué fue lo que en realidad pasó con este mediático episodio?
-El episodio de los combustibles de aviación surge luego de una falla en la Refinería de Cartagena que Ecopetrol resolvió rápidamente. Para ello, ha garantizado la producción de Jet-A1 y ha importado 100 mil barriles de combustible de aviación para respaldar la operación en la contingencia.
El Ministerio de Minas y Energía y de Transporte han monitoreado la situación de forma rigurosa, mediante la Dirección de Hidrocarburos, la Aerocivil y la Supertransporte. Se ha constatado que siempre se ha contado con la cantidad de combustible suficiente y se vigilan las acciones de las aerolíneas.
¿Cuáles son las enseñanzas que dejan el reciente paro camionero?
-Colombia es un país que refina una gran parte del combustible que consume. Sin embargo, los precios de energéticos como el ACPM o la gasolina corriente dependen de los mercados internacionales.
El Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, FEPC, es un fondo creado en 2007 que ha buscado atenuar los aumentos y disminuciones de dichos precios. Si los precios aumentan por encima de lo fijado por el fondo, este amortigua el alza, y en caso contrario, el fondo termina recuperando recursos. Sin embargo, en la práctica, es un fondo que acumula deuda.
En el momento de la reactivación económica luego de la pandemia los precios internacionales se dispararon mientras el gobierno de Iván Duque congeló los precios nacionales. Antes de la pandemia, los precios del diésel oscilaban alrededor de los 6.000 pesos, pero después de la pandemia el precio alcanzó hasta los 20 mil pesos. Por ello, a cierre de 2022, el fondo produjo un déficit de 36,7 billones de pesos y al cierre del 2023 el saldo del FEPC fue de 20,5 billones de pesos.
Para dimensionar lo anterior, lo esperado en recaudo de la reforma tributaria de 2021 fue de 15,2 billones de pesos. El déficit generado en 2022 por el congelamiento de los precios de combustibles es más del doble que lo planteado por dicha reforma.
En resumidas cuentas, hemos asumido un Estado con profundas crisis en sus finanzas producto de malas decisiones económicas. El problema del combustible se suma a otras determinaciones negativas que se han tomado en materia de energía eléctrica, deuda externa y regalías.
En este sentido, la concertación de los precios del ACPM que realizamos junto a los transportadores es una medida de responsabilidad financiera que busca recuperar las finanzas del Estado para que este pueda desplegar programas sólidos y fortalecer su capacidad.
Transición energética justa
Gustavo Petro llegó a la Presidencia de la República con un discurso en defensa de la naturaleza y muy crítico con las economías extractivas de petróleo, gas, carbón y otros hidrocarburos fósiles. En consecuencia, el Gobierno nacional está hablando de transición energética justa. Me gustaría que ampliáramos sobre la propuesta…
-La transición energética es un proceso que viene avanzando a nivel mundial. De acuerdo con el informe anual de BloombergNEF Energy Transition Investment Trends, para 2023 la inversión mundial anual en tecnologías de transición energética alcanzó un máximo histórico de 1,77 billones de dólares, lo que representa un aumento del 17% en comparación con 2022, superando la inversión en suministro de combustibles fósiles en 671 mil millones de dólares. Los acuerdos internacionales y las tendencias económicas, sumado a la evidente crisis climática, nos obligan a adelantar un proceso de tránsito hacia las energías renovables como la solar y la eólica.
Adicionalmente, nuestra posición como país del sur global, donde experimentamos condiciones de pobreza y desigualdad más acentuadas que en el norte, nos lleva a abanderar un enfoque social de la transición. Por eso la llamamos justa. Esto implica que no queremos una transición corporativa. La transición energética debe ser la oportunidad para fomentar el desarrollo de las economías locales y populares, debe ser la abanderada del cierre de brechas en nuestro país y de la puesta en marcha de un modelo productivo diferente.
¿En qué consiste el programa de Comunidades Energéticas?
-Es el plan de energización rural más ambicioso en la historia de la República. A través del programa, las poblaciones tendrán la oportunidad de generar y gestionar su propia energía, poniéndola a disposición de sus iniciativas productivas. Tenemos proyectos tipo, principalmente de energía solar, que se entregarán a las comunidades de todo el país. Ya tenemos más de 100 comunidades energéticas funcionando en el territorio nacional y hemos focalizado cerca de 2.500 comunidades que pueden ser beneficiarias.
El exvicepresidente German Vargas Lleras y el exfiscal Néstor Humberto Martínez en sus columnas dominicales en El Tiempo, han advertido sobre un manejo “irresponsable” en el sector. Critican no solo la suspensión en las exploraciones de nuevos pozos petroleros, sino una supuesta crisis de gas natural para el 2025. ¿Es esto cierto? ¿Qué debe conocer la ciudadanía sobre el futuro de la soberanía energética del país?
-Yo no creo que soberanía signifique extractivismo irresponsable de nuestros recursos. La soberanía es un concepto mucho más complejo. Al hablar de soberanía hablamos de un relacionamiento distinto entre las comunidades y la energía.
La soberanía energética también implica garantía de acceso y calidad de los servicios públicos como la energía eléctrica y el gas ¿Por qué no nos preguntamos por los cerca de un millón de hogares que no cuentan con energía eléctrica en el país? ¿Por qué no se menciona que tan solo un tercio de los colombianos cuenta con energía eléctrica las 24 horas del día?
Si la preocupación es porque se mantenga la economía extractiva, contamos con cerca de 20 millones de hectáreas destinadas a exploración y explotación de hidrocarburos sobre las que debemos hacer una gestión eficiente para el abastecimiento del país. Sin embargo, soberanía energética significa garantía del derecho a la energía para todos los colombianos y colombianas, en eso nos enfocamos.
Por eso desarrollamos distritos mineros y comunidades energéticas. Soberanía también implica diversificación de nuestra economía. Si queremos ocupar otro lugar en el plano internacional, no podemos tener una economía primarizada y concentrada en un solo sector. Debemos diversificar.
Tarifas
Uno de los puntos álgidos ha sido el elevado aumento en las tarifas de energía eléctrica, sobre todo en el Caribe. ¿Cómo está afrontando el Gobierno este tema tan delicado?
-Nosotros hemos mantenido diálogo con todos los actores. No solo con los gremios y empresas. También con los usuarios a través de asambleas populares por las tarifas justas. Esta ha sido una tarea difícil porque hay muchos sectores en contra de reformas sustanciales al mercado eléctrico.
Hemos demostrado que el mecanismo en que se fijan los precios en bolsa debe modernizarse, pues favorece las rentas. Nos mantenemos en ese trabajo. A través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, estamos revisando la fórmula tarifaria, también hemos adelantado medidas regulatorias para que se excluyan cobros de terceros en las facturas de energía y hemos habilitado oportunidades de mejora en infraestructura energética para la regularización. También tenemos algunas medidas tarifarias en la Nueva Ley de Servicios Públicos que presentaremos al Congreso.
En esta lucha por las tarifas justas necesitamos de la gente. Hablamos de un mercado oligopólico y el respaldo popular es importante para avanzar.
Pronto será la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP 16, que con el eslogan ‘Paz con la naturaleza’, será una de las apuestas más importantes de la administración Petro. Desde el sector que usted lidera, ¿Cuáles serán los debates que quieren proponer y posicionar?, ¿Por qué es importante este espacio para el futuro del Gobierno del cambio
-Desde nuestro Ministerio, vamos a inaugurar la primera ruta eléctrica del país que conecta Cali y Bogotá. Estamos habilitando la infraestructura para que los vehículos eléctricos puedan viajar entre estas dos ciudades. Esta iniciativa se suma a los proyectos de movilidad eléctrica para embarcaciones que venimos impulsando en el Pacífico colombiano.
Este tipo de conferencias nos han servido para posicionarnos como líderes regionales en transición energética y acción climática. También hemos posicionado debates relacionados con la responsabilidad de los países industrializados y sus agencias de cooperación internacional frente al cambio climático.
La cooperación internacional debe fortalecer las capacidades institucionales y económicas de los países de nuestra región de cara a que la transición sea efectivamente justa.