La Chispa
Riohacha, 23 de noviembre de 2024. La comunidad indígena de Jarinamana, integrada por unas 20 familias wayuu que habitan un territorio ancestral de 4.244 hectáreas, enfrenta un nuevo intento de desalojo promovido por el señor Jorge Sprokel, un conocido terrateniente de la región.
El día de ayer, 22 de noviembre, escuadrones de la Policía Nacional ingresaron al territorio de la comunidad para desalojarlos a la fuerza. Este acto representa el cuarto intento de expulsión violenta en lo que va del año, exponiendo a los habitantes a una situación de extrema vulnerabilidad. Niños, ancianos y mujeres embarazadas fueron sometidos a esta acción en pleno invierno, enfrentando enfermedades infecciosas, falta de agua potable y otras condiciones insalubres.
La situación en La Guajira agrava aún más este conflicto. La región ha sufrido un año marcado por un duro invierno que ha dejado graves inundaciones, pérdida de cultivos y una crisis humanitaria generalizada. A esto se suma la histórica falta de acceso al agua potable, una problemática que afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas. En Jarinamana, los habitantes sobreviven con un único punto de agua para abastecerse, mientras enfrentan enfermedades, la amenaza de despojo y el abandono por parte de las autoridades.
Sprokel alega poseer un título de propiedad basado en una dudosa letra de cambio de los años noventa, desconociendo los derechos constitucionales y ancestrales que protegen la posesión de esta tierra por parte del pueblo wayuu.
El conflicto en Jarinamana es un ejemplo de la desigualdad estructural y el abuso de poder en la región. El apellido Sprokel, con claras influencias políticas y económicas, ha utilizado su conexión con instituciones públicas para legitimar acciones contra esta comunidad indígena.
Entre estas influencias se encuentran un sobrino de Jorge Sprokel, un empleado de la alcaldía de Riohacha; una hermana que ocupa el cargo de fiscal; y una prima abogada de la Defensoría del Pueblo. Esta red de poder ha permitido la perpetuación de prácticas que violan los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y la Carta de los Derechos Humanos.
La problemática no se limita a Jarinamana. Podría tratarse de un caso de cartelización del robo de tierras en La Guajira, donde personas ajenas a las comunidades wayuu reclaman propiedades ancestrales utilizando el mismo modus operandi. Rancherías de Maicao, Riohacha, Distracción, Albania, Uribia y otros municipios se encuentran en peligro, mientras el despojo territorial avanza ante la aparente complicidad de poderes locales y la falta de respuesta efectiva de las autoridades competentes.
Voces nacionales como la senadora del Pacto Histórico Aída Avella insta a las autoridades judiciales, organismos de control y defensores de derechos humanos a investigar este caso y los similares en la región. Es necesario frenar estas prácticas sistemáticas que amenazan la identidad cultural y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La tierra, más que un recurso económico, es la base de su vida, historia y espiritualidad. La sociedad no puede permanecer indiferente ante este atropello.