Por: Juan Carlos Hurtado Fonseca
Semanario Voz
El viceministro de Educación Superior habla sobre problemas como corrupción, baja cobertura, y sobre los avances y metas en inversión que se traducen en mayor infraestructura, cobertura y calidad
Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior, dice sentirse orgulloso de ser egresado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital de Bogotá. Desde joven, ha sido un destacado luchador por la educación pública en el movimiento estudiantil y como asesor y gerente de educación superior del alcalde Gustavo Petro, en la capital del país, le ha apostado a que la educación sea un derecho.
Habló con VOZ sobre aspectos que están marcando un antes y un después en la educación superior pública en Colombia.
Corrupción
Este Gobierno se ha caracterizado por perseguir la corrupción, ¿desde el Viceministerio qué ha encontrado en ese sentido?
Uno de los temas donde la gente tiene mayor preocupación es en la probidad del manejo de los recursos. Por eso, para el Gobierno el factor de transparencia ha sido fundamental, hemos tenido la oportunidad de reunirnos en todas las regiones con los estamentos universitarios y el balance es que históricamente ha existido una intervención inapropiada.
Nos han documentado prácticas de corrupción y hemos encontrado casos que han debido en otros momentos merecer una intervención concreta por parte del Estado y no ha sido así.
En cabeza del ministro Daniel Rojas hemos podido detectar que en algunos casos recursos públicos han sido dilapidados, afectando el propósito de fortalecer la educación pública y terminaron victimizando a las comunidades.
Pero, deme unos casos concretos de lo que han encontrado.
Hay casos que están en investigación, tienen reserva. Pero voy a mencionar el del edificio de la Universidad Tecnológica del Chocó en el municipio de Istmina, donde encontramos que es un elefante blanco y la Fiscalía determinó que hubo afectaciones.
Politiquería y presupuesto
Relacionado con ese tema está que hay muchas universidades en manos de fuerzas políticas y las han utilizado para el clientelismo, ¿Cómo empezar a cambiar ese estado de cosas?
Lo primero es la cultura de la denuncia. Hemos encontrado que en muchos casos hay afirmaciones de corrupción y de asociación de grupos políticos y desviación de recursos, pero en el momento que pedimos que hagan las denuncias, muchas veces no llegan.
En la Universidad de Antioquia nos planteaban temas de los manejos presupuestales y de la necesidad de fortalecer la veeduría estudiantil. Lo mismo está sucediendo en la Universidad del Magdalena donde recibimos múltiples quejas que tienen que ser materia de investigación profunda.
¿Cómo se diferencia este Gobierno de los anteriores en cuanto a presupuesto para la educación superior?
Construimos nuestro programa de gobierno a partir del reconocimiento de un desfinanciamiento estructural del sistema de educación superior, que es una de las consignas durante los últimos 32 años, desde que se expidió la Ley 30 de 1992.
La matrícula en el país ha crecido entre 2006 y 2023 176%, mientras que los recursos solamente han ido aumentando al 62%, lo cual genera una gran brecha.
Reconocimos esta situación en el programa de gobierno y quedó el compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo, hemos transferido recursos de inversión y funcionamiento a través de las transferencias del Gobierno nacional. En el primer año por más de 1.3 billones y en 2024 por más de 1.6 billones.
En participación en el Producto Interno Bruto, PIB, esto significa pasar del 0.4 al 0.53% en los recursos que se destinan a educación superior y nuestro derrotero es llegar al 1% del PIB.
Le hemos entregado recursos a todo el sistema de educación pública, tanto a las universidades como a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias que habían tenido un tratamiento de parias.
¿Y sobre la política de gratuidad?
Este Gobierno se comprometió con una política que quiere gratuidad universal de la matrícula de pregrado, para lo cual en 2024 se destinan más de 2.2 billones de pesos para cumplir esa meta y llevarla al 96%.
Tenemos una asignación de más de 1.3 billones de pesos para infraestructura que es absolutamente nueva, ni siquiera existía el proyecto de inversión en el Ministerio de Educación para infraestructura de educación superior.
Producto de las movilizaciones, se logró que el gobierno Duque entregará recursos progresivos por encima del IPC hasta 4.6, nosotros empezamos entregando cinco puntos adicionales y luego dos más. O sea, superamos las demandas de la movilización de 2017 y este año lo hicimos con nueve puntos por encima del IPC.
¿Cuáles son las metas del gobierno Petro en cobertura?
Asumimos el compromiso de tener 500 mil nuevos jóvenes dentro del sistema de educación superior público, esperamos cerrar 2024 con 150 mil estudiantes. En el reporte más reciente que tenemos de esta meta teníamos ya más de 94 mil nuevos estudiantes, lo que implica trabajar con las 67 instituciones públicas y apoyándonos en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.
Nos han planteado que debemos fijarnos en problemas de calidad y, por supuesto, la calidad no la dejamos a un lado, pero hoy muchos de los jóvenes en territorios dispersos, rurales, zonas de fronteras, zonas de alta presencia de economías ilegales y grupos armados no tienen oportunidad de acceso a la educación.
Por eso hemos pensado que una de las principales metas es lograr cerrar este año con cerca del 60% de la cobertura en educación superior pública, articulándola de manera natural con la educación media, porque muchos de estos jóvenes no acceden a la educación superior, ya que ni siquiera tienen la posibilidad de terminar su grado décimo y 11.
Bienestar universitario
Pero para todo eso se necesita más infraestructura.
Este es el gobierno que más recursos ha invertido, ha habido un salto histórico en inversión en educación pública, pero también nos piden infraestructuras y por eso es tan importante el programa de espacios educativos como centro de la vida comunitaria, con el cual nuestro presidente nos ha puesto la meta de contar con sedes y oferta de infraestructura física y tecnológica, en territorios donde no ha existido.
Por eso, el primer hito fue la asignación de recursos para construir una sede en la región del Catatumbo, donde ya se ha contratado la obra que va a permitir tener una sede universitaria en el corazón de esta región.
La meta es tener al menos financiadas, por supuesto con inicio de obras y algunas que podamos entregar, al menos 100 espacios educativos nuevos en todo el país, entre infraestructuras grandes, medianas y otras que deben ser adaptadas a los territorios.
Al hablar de recursos y ampliación de cupos hay que hablar de bienestar, porque muchos jóvenes no tienen para los transportes, vivienda o alimentación.
Hemos definido la figura denominada planes integrales de cobertura que se financian con los recursos que estamos entregando a la base presupuestal. Estamos financiando con recursos que van de por vida, no solamente por un gobierno, y ese recurso ingresa a la universidad no solamente para cubrir la entrada del estudiante, sino que están destinados de manera integral para atender temas como su permanencia y sus condiciones de calidad de vida.
Hemos llevado a las universidades públicas 600 mil millones de pesos en estos dos años, 300 mil millones de pesos anuales para los planes de fomento a la calidad, que tienen como propósito que las universidades fortalezcan sus sistemas de bienestar para profesores y estudiantes.
Aseguramiento de la calidad
Se ha visto que la Sociedad de Activos Especiales, SAE, ha entregado bienes a universidades.
Hemos reforzado una estrategia de alianza con la SAE para entregarle a las instituciones edificios, que en algún momento fueron utilizados para el lavado de activos y negocios ilícitos, para que los estudiantes puedan tener alimentación digna y residencias universitarias. Lo hemos hecho en ciudades como Bucaramanga, Barrancabermeja, Bogotá, Barranquilla y en Chocó, y se seguirá haciendo.
Usted habló de la calidad, ¿cómo han pensado el control a la calidad cuando va a haber apertura de programas, de facultades, de nuevas sedes?
Sí, ahí hay una gran tarea que se ha hecho, que tal vez es una de las menos reconocidas, pero donde hemos tenido más trabajo en términos de carga, que es el sistema de aseguramiento de la calidad.
Es también una crítica a los parámetros establecidos, a los indicadores que en los últimos años se ha exigido para tener condiciones de calidad. Vemos la calidad no solamente desde los indicadores y creemos que han sido inapropiados muchos de los requisitos porque amplían las brechas. Abrir un programa académico en un territorio rural disperso o en una zona de conflicto, no es igual que abrirlo en una ciudad capital.
Recientemente aprobamos un nuevo decreto que reforma el sistema de aseguramiento con una perspectiva orientada a fortalecer la autonomía universitaria; pero reconocer también desde la diversidad el desarrollo de ofertas académicas pertinentes, porque no basta que haya una oferta sustentada desde las necesidades del mercado, sino que tengan pertinencia territorial, que estas dialoguen con otras condiciones de calidad como el bienestar y la salud física y mental de los estudiantes y las condiciones laborales de los maestros y las maestras.
Se debe trabajar más en línea entre instituciones. Tenemos un sistema muy desarticulado donde en un mismo territorio puede haber dos o tres instituciones ofertando el mismo programa, esto no solamente es ineficiente en términos financieros, sino que genera una competencia que no es pertinente.
Autonomía y democracia
Desde el Gobierno, ¿qué se propone con respecto a autonomía y democracia universitaria?
Lo que hemos planteado en varios escenarios es que la autonomía universitaria es un principio consagrado en la Constitución Política. Somos un gobierno defensor de la Constitución y del cumplimiento de estos principios que fueron ratificados en la Ley 30 de 1992.
La autonomía está descrita desde el Manifiesto de Córdoba de 1918, como una determinación de las comunidades para desarrollarse. Y, las universidades tienen autonomía académica, administrativa y financiera, pero eso implica que son sus constituyentes que en este caso son los estudiantes, los estamentos, quienes deciden de manera argumentada y a través de los procesos que establecen internamente, cuáles son las vías que desean tomar para construir su autonomía.
Paradójicamente, la defensa de la autonomía y de la democracia no se le reclamaba a otros gobiernos, es en este, donde se invierten los recursos que se le reclama por presupuesto; es en este, donde se respetan los derechos a la participación y a la democracia, que se le cuestiona manifestar su voz por procesos de transparencia; es en este gobierno donde se le hacen críticas por expresar posturas de manera pública en defensa de los estamentos. Nos corresponde esta responsabilidad porque es un deber del Estado hacerlo.
Nueva normatividad
¿Qué hay con respecto a la modificación y creación de leyes en pro de la educación?
No solamente hemos radicado el proyecto de ley de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que va a permitir el fortalecimiento de las universidades y que el sistema público sea una realidad a largo plazo, con una fórmula que incluye el índice de costos de la educación superior como el nuevo indicador de asignación de bases, e incluir a todas las instituciones técnicas y tecnológicas también con una base presupuestal.
Tenemos el compromiso de una reforma integral que incluye aspectos como los sistemas de aseguramiento de la calidad, la construcción de un nuevo sistema de educación superior que fortalezca a las instituciones técnicas, tecnológicas, a las escuelas normales superiores, al vínculo con la educación media.
Estamos comprometidos con esta reforma del sistema de financiamiento porque la calidad, el bienestar, la permanencia, la investigación se hacen con recursos y por eso queremos jugárnosla por dejar un legado de un sistema público de digno.