Tal como lo pudimos evidenciar en octubre de 2023 en Puerto Tejada, Cauca, donde atestigüé los nocivos efectos de la concentración de residuos que, como en el basurero El Cortijo, recibe las basuras de varios municipios a la redonda, generando enfermedades, malos olores, y contaminación de fuentes hídricas por medio de lixiviados en plena zona agrícola, afectando gravemente la salud de la comunidad, este esquema se repite dramáticamente a nivel nacional.
Así, en el Quindío, la utilización masiva de agentes químicos en el monocultivo industrial del aguacate, y de especies madereras no nativas como el pino y el eucalipto, está acabando con las especies polinizadoras,contaminando gravemente las quebradas, ríos y manantiales, lo cual se traduce en el aumento de la tasa de cáncer infantil que en esteDepartamento presenta 16,2 casos por cada 100 mil habitantes, superando en más de dos puntos las cifras nacionales.
Recientemente, hemos recibido denuncias desde el puerto petrolero de Barrancabermeja, documentadas por la unidad investigativa de un canal nacional de televisión, que dan cuenta de las irregularidades y abusospresentados desde hace más de 10 años por el funcionamiento del relleno sanitario levantado en una zona de conservación declarada en 2008, como el Humedal San Silvestre, donde no se permite la construcción ni la operación de lugares de disposición final de residuos sólidos.
A pesar de esto, la empresa Rediba contó con la aprobación de la licencia ambiental de operación, otorgada por la Corporación Autónoma de Santander-CAS. Retomamos la pregunta que se hace la comunidad organizada y que retoma la prensa nacional: “¿Por qué si lo prohíbe la ley, lo prohíben los decretos ambientales, lo prohíben las normas constitucionales, la CAS otorga la licencia?” Esto puede traducirse en 4 posibles delitos, de la mayor gravedad: 1) contaminación ambiental; 2) invasión de área de especial importancia ecológica; 3) tala indiscriminada y daño al recurso ambiental y 4) destrucción y ocultamiento de elemento material probatorio. Tal como lo reporta la prensa “por estos delitos, Liliana forero Cala, gerente de Rediba en esa época, fue imputada por la fiscalía General de la Nación”.
Potenciales daños que afectan las fuentes hídricas, la fauna y los ecosistemas fueron probados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC desde 2017, así como el evidente deterioro de la salud de los más vulnerables, sujetos de especial protección como son los niños que reciben clases en inmediación de estos predios, que vienen presentando enfermedades de la piel y del sistema respiratorio.
Preguntamos a los responsables locales de Ecopetrol, al Alcalde Municipal, a la Gobernación de Santander, a la CAS: ¿puede existir alguna relación entre los propietarios de Rediba, sus prácticas abusivas en contra del ecosistema y los pobladores de la zona, y los bloques Coyote y Marteja, que coinciden en esta misma zona geográfica, en la que se plantea a futuro la explotación petrolera por medio del fracking? ¿Fue el relleno sanitario del humedal de San Silvestre, ilegal a todas luces, la primera etapa de destrucción para dar lugar a la explotación
petrolera poniendo en riesgo mortal a toda la población de Barrancabermeja, pues de esta fuente hídrica y de su conexión del Caño El Zarzal, de donde beben todos los días el agua sus cientos de miles de habitantes? ¿Permitirán las autoridades del Departamento de Santander que sus administrados se mueran de sed para priorizar el negocio petrolero? Urgimos al Ministerio del Medio ambiente que tome inmediatas acciones en teste asunto, que como lo denuncia la comunidad, no ha hecho más que degradarse a lo largo de una década entera, situación de debe cesar de inmediato por la defensa del bien común y de los derechos más fundamentales de la ciudadanía.
AIDA AVELLA ESQUIVEL
SENADORA DE LA REPÚBLICA
PACTO HISTÓRICO-UNIÓN PATRIÓTICA