Aída Avella
En mi calidad de senadora y representante ante la ciudadanía, alzo la voz para señalar una emergencia social que no puede seguir siendo ignorada: la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Este flagelo, que afecta de manera alarmante a los menores de 14 años, nos interpela como sociedad y exige de nuestras instituciones respuestas inmediatas, efectivas y coordinadas.
Entre 2020 y agosto de 2024, 53.094 niños y niñas ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) del ICBF como víctimas de violencia sexual. De ellos, un 84% son niñas, siendo las edades de mayor vulnerabilidad las de 12 a 13 años (44%) y de 6 a 11 años (41%). Estas cifras no son simples datos estadísticos; representan vidas quebrantadas, infancias marcadas por el dolor y el abandono, y futuros comprometidos.
La falta de coordinación efectiva entre las instituciones responsables y la ausencia de personal capacitado para atender casos de violencia sexual han agravado esta problemática. Además, la inexistencia de rutas especializadas y de un sistema unificado de información limita la capacidad de respuesta del Estado y perpetúa la revictimización de los menores.
El sector educativo y el ICBF tienen roles fundamentales en esta lucha. Sin embargo, la carencia de protocolos claros y de campañas educativas dirigidas a la comunidad escolar y a la sociedad en general deja a los niños y niñas en una posición de extrema vulnerabilidad. Es inaceptable que, frente a señales de riesgo como violencia física, emocional o sexual, no existan respuestas institucionales eficientes que prevengan nuevos casos y brinden protección integral.
Exijo el fortalecimiento inmediato de las estrategias conjuntas entre instituciones. Se necesitan campañas de sensibilización que empoderen a las familias, docentes y estudiantes en la identificación y denuncia de estos casos. Es urgente la creación de rutas especializadas y de un sistema nacional de información que permita el seguimiento y tratamiento de los casos de manera efectiva y transparente.
La protección de nuestra niñez debe ser una prioridad nacional. Es nuestra obligación garantizarles un entorno seguro, una justicia eficaz y las oportunidades necesarias para su desarrollo pleno. Hoy, hago un llamado al compromiso colectivo. La niñez no puede esperar.
PDT, ayer 26 de noviembre se desarrolló un debate de control político citado por el partido MIRA, de oposición. Solo 41 de los 109 senadores se quedaron a dar el debate sobre las políticas publicas de protección de la infancia en Colombia. La oposición ausente.