Las amenazas contra la Unión Patriótica representan una amenaza contra la esperanza de paz y la democracia en Colombia.
Hoy el anhelo por el que nacimos se ve materializado en los acuerdos que aún faltan por implementar en su integridad.
Varios episodios violentos han marcado la vida nacional en las últimas dos semanas. La masacre de campesinos, hechos atribuidos a la Policía acantonada en esa zona, el recibimiento con disparos a la misión humanitaria de verificación, encabezada por delegados de la ONU, que se desplazó a constatar lo sucedido y recibir los testimonios de los campesinos, el asesinato de Efigenia, comunicadora social indígena en Coconuco, departamento del Cauca, y la amenaza contra la Dirección Nacional de la Unión Patriótica, no son hechos aislados, constituyen una ofensiva planificadas contra el proceso de paz.
Al mismo tiempo los enemigos declarados y soterrados de la paz, se retiran de las sesiones del Congreso de la República, donde se van aprobar los textos para la implementación de los acuerdos de La Habana. Diferentes formas que conducen al mismo resultado, el saboteo a la paz desde la derecha y sus diferentes sectores. Mientras unos disparan, asesinan, amenazan, otros hacen la parte política, engavetan los proyectos, desbaratan los quórums necesarios y se preparan para conformar la alianza que les garantice el triunfo en las elecciones del 2018, para hacer trizas los acuerdos de paz.
Las Autodefensas Gaitanistas niegan ser las autoras de las amenazas, nos preguntamos: ¿si no son ellos, quiénes amenazan? Algunos coinciden en que el léxico empleado se asemeja al utilizado por las fuerzas militares. Es cierto que algunas cosas han cambiado, pero lo que sigue en pie, son las aspiraciones, para algunos, de continuar con los regímenes especiales, que se derivan de las llamadas zonas rojas, para seguir disfrutando de las prebendas otorgadas por la guerra, para continuar con la compra de armas, balas, tanques, aviones y demás elementos que proporcionan enriquecimientos ilícitos, para un sector de las fuerzas militares. Escándalos que el país ha conocido por algunas investigaciones de la justicia ordinaria y algunos medios de comunicación interesados en superar la corrupción que corre por las entrañas de la institución.
Detrás de todo esto están las aspiraciones de un sector terrateniente, que impulsa otra vez, no solo el desalojo de tierras sino la legalización de lo adquirido con métodos corruptos y violentos. Tierras que les han arrebatado a campesinos, indígenas, afros de las zonas rurales. Son los mismos terratenientes los que en el Congreso de la República intentan promover leyes que beneficien la corrupción, el desalojo y el hurto de baldíos.
La política no puede continuar haciéndose con violencia, privada e institucional. El Gobierno nacional tiene la obligación de detener el baño de sangre al que están expuestos los sectores populares, líderes y lideresas sociales. Paren la muerte de quienes piensan distinto y de quienes hacen oposición política en Colombia.
Solicitamos al presidente Juan Manuel Santos, una reunión urgente para tratar este grave asunto de falta de garantías para con la Unión Patriótica. Hemos buscado una audiencia y se han cerrado los caminos de intercambiar opiniones con la institucionalidad que usted representa.
Port último agradecemos las expresiones de solidaridad desde distintos sectores políticos afines a la paz y de los sectores sociales que han manifestado que esa amenaza no solo es en contra de la Unión Patriótica, sino en contra de la esperanza de una paz estable y duradera para Colombia.
Bogotá D.C. 13 de Octubre de 2017.
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL
UNIÓN PATRIÓTICA