Por: Gildardo Silva
El 21 y 22 de febrero tendrá lugar en Chicoral, corregimiento del Espinal, Tolima, el Pacto por la tierra y por la Vida, con el fin de sentar las bases para un plan decenal de la #ReformaAgraria.
El Pacto por la Tierra y por la Vida será un encuentro para promover un consenso social y político para democratizar la propiedad de la tierra e impulsar una reforma agraria transformadora que promueva un modelo de desarrollo rural inclusivo, equitativo y sostenible. Pretende llegar a acuerdos plurales y vinculantes para superar barreras históricas y avanzar en el cumplimiento del primer punto del acuerdo final de paz por la Reforma Rural Integral.
En tal sentido, la reforma agraria promovida por el gobierno nacional toma un papel preponderante, como la vía para solucionar “el problema de la tierra” y superar las condiciones que ocasionaron el conflicto armado y social en el campo colombiano. Esta apuesta se traduce en los esfuerzos por devolver al campesinado el derecho a la propiedad sobre la tierra, a la vida digna, a la justicia y a la posibilidad de participar e incidir en la construcción de la política agraria y rural. El Pacto por la Tierra y por la Vida, será un impulso a la Reforma Agraria, constituyendo una oportunidad histórica en la vía de los cambios estructurales.
La curul de Gildardo Silva, Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, como parte de la bancada de gobierno es constructora, vocera y defensora de un proyecto político plasmado en el programa de gobierno y Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida” (Ley 2294 de 2023) que apuesta por un proceso de transición hacia una sociedad democrática y justa, que profundice las transformaciones estructurales (en lo económico, político y social) necesarias para superar las condiciones históricas de exclusión, violencia y pobreza a las que por décadas han sido condenadas las clases menos favorecidas, la clase trabajadora y el campesinado.
Es así como, este evento será una oportunidad histórica para el campesinado y la sociedad colombiana, para resignificar el Pacto de Chicoral de 1972, garantizando la participación amplia de los sectores populares agrarios y rurales del país en la formulación colectiva del Plan Decenal de Reforma Agraria, que será la hoja de ruta para garantizar derechos, promover justicia agraria y establecer un sistema de producción sostenible.
La construcción de dicho plan se propone alrededor de 10 temas o puntos clave:
- Redistribución equitativa de la tierra y de los activos productivos.
- Restitución y reparación de deudas históricas con las comunidades rurales.
- Regeneración y recuperación de suelos y ecosistemas degradados.
- Representación e Inclusión efectiva de todos los actores rurales en la política pública.
- Transformación del modelo de producción agrario para la garantía de los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza.
- Protección de Logros Históricos y Defensa de la Paz.
- Reorganización y fortalecimiento de la institucionalidad agraria.
- Organización del movimiento agrario y fortalecimiento de la acción colectiva.
- Reconocimiento e inclusión de las mujeres y jóvenes rurales.
- Protección del Agua y Fortalecimiento de las Territorialidades Campesinas y Étnicas.
Antecedentes de conflictos agrarios en el país
Este Pacto resulta necesario teniendo en cuenta los antecedentes de conflicto en el país. Para empezar, una problemática preponderante es el dominio de gran extensión de tierras a manos de unos pocos. El gobierno del cambio, los sectores de izquierda y las organizaciones agrarias, proponen extinguir el dominio de las tierras obtenidas de manera ilegal, fraudulenta o mediante violencia, para ser redistribuidas entre familias campesinas sin tierra o con menos de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) y restituirlas a las personas despojadas.
Por otro lado, la gran minería e industria petrolera tiene cifras en aumento. La asignación de tierras para minería y petróleo, con exportaciones que pasaron del 16% al 64% entre 1990 y 2013. Esto deja como impacto, desplazamiento de economías campesinas y agricultura familiar, así como la degradación ambiental y pérdida de servicios ecosistémicos.
Del mismo modo, históricamente el país ha tenido poca capacidad y voluntad política para definir sus políticas agrarias y alimentarias. Eso implica que más del 54% de los hogares sufren inseguridad alimentaria.
Alternativas del gobierno del cambio
Es por eso que, durante el actual gobierno, el sector agricultura ha sido protagonista, pues, según los recientes datos del Departamento Nacional de Estadística -DANE-, las actividades del agro, ganadería, pesca, caza y silvicultura crecieron 8.1% con respecto a 2023, y además, el aporte del sector agricultura al PIB 2024 fue de 0.8 puntos porcentuales. Esto equivale al 47% del total nacional que se ubicó en 1,7%.
Este desempeño económico, es una demostración del potencial del sector que jalona e impulsa la economía colombiana siempre que las políticas sean acertadas y coherentes con las necesidades de la ruralidad. Garantizar la continuidad de estos hechos permitirá el crecimiento económico, el cierre de brechas entre el campo y la ciudad, así como la dignificación de las y los campesinos.
Por todo lo anterior, al país le urge una reforma agraria que solucione las problemáticas y las necesidades del campo. Ese es el propósito del Pacto por la Tierra y por la Vida.