El Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2025 ha sido presentado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ante las comisiones económicas del Congreso de la república. Con un monto total de 523 billones de pesos, el presupuesto refleja los desafíos económicos que enfrenta Colombia, en medio de un contexto global marcado por la desaceleración económica y tensiones geopolíticas.
Bonilla ha calificado el presupuesto como «desafiante», señalando que la deuda total en las economías avanzadas, tanto pública como privada, asciende en promedio al 250% del PIB, lo que amenaza el crecimiento económico mundial. En este contexto, el presupuesto colombiano para 2025 busca impulsar una transición desde un modelo económico extractivista hacia uno productivo, con un fuerte enfoque en la justicia social y ambiental.
El presupuesto se enmarca en la estrategia del Gobierno para abordar problemas estructurales como la baja productividad, el desempleo y la pobreza. La inversión se concentrará sectores como educación, la salud, y proyectos que promuevan una transición energética justa y la descarbonización de la economía. Sectores como la agricultura fueron recortados sus presupuestos en comparación a otras vigencias. Un duro glope para el campo que tendrá la doble tarea de reformar, adjudicar tierra y poner a producir alimentos.
Gasto
La distribución del gasto para 2025 se divide en funcionamiento (327,9 billones de pesos), inversión (82,5 billones de pesos) y servicio de la deuda (112,6 billones de pesos). Aunque el gasto de funcionamiento crece un 6,2% respecto al año anterior, la deuda aumenta un 19,1%. Asimismo, se asignan 82 billones de pesos a través del Sistema General de Participaciones (SGP) para sectores esenciales como salud, educación, agua potable y propósito general.
Este presupuesto está alineado con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, priorizando sectores esenciales para el bienestar de la población. Sin embargo, a pesar de los avances en política económica, el país sigue enfrentando desafíos estructurales, como la carga de la deuda.
Deuda Heredada
El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) ha disminuido, pero la deuda sigue siendo un desafío significativo. Para 2025, se proyecta destinar 112,6 billones de pesos al pago de la deuda, lo que representa un aumento considerable en comparación con años anteriores. Esta situación refleja la dependencia histórica de la economía colombiana de la deuda, especialmente en tiempos de crisis como la pandemia de COVID-19.
Durante la crisis económica de 2020, el Gobierno del entonces presidente Iván Duque solicitó un préstamo de 12 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional FMI, lo que incrementó significativamente la deuda sin generar ingresos equivalentes. Esto ha creado una presión fiscal y presupuestal que afecta el gasto de inversión, el cual se reduce en un 17,4% para 2025.
El ministro Bonilla ha subrayado que, aunque este presupuesto es ambicioso en su enfoque hacia la justicia social y ambiental, también refleja la complejidad de gestionar una economía con grandes compromisos heredados y la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible y equitativo.
Compromisos de Pago
El préstamo solicitado en 2020 al FMI se realizó bajo la línea de crédito flexible a corto plazo, con un alto interés y costo de crédito para pago casi inmediato. Parte del dinero fue destinada a dotar de liquidez al sistema financiero, y otra parte fue dirigida según el paquete de decretos de emergencia emitidos por el expresidente Duque.
El historial de pagos de deuda muestra un aumento considerable en los últimos años. En 2019 se pagaron 51 billones de pesos, mientras que en 2023 la cifra alcanzó los 75 billones, y para 2025 se proyecta pagar 112,6 billones. A nivel internacional, Colombia tiene un nivel de endeudamiento del 0,8% del PIB con el FMI, lo que ha venido disminuyendo gracias a los esfuerzos del Gobierno por mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En conclusión, el Presupuesto 2025, aunque ambicioso en su enfoque hacia la transición económica y la justicia social, refleja la complejidad de gestionar una economía con grandes compromisos heredados, resaltando la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible y equitativo