“Ningún funcionario público en Colombia puede ganar más que el Presidente de la República” Aída Avella.
En Colombia, entidades del orden parafiscal como la Federación Nacional de Cafeteros administran recursos públicos provenientes de impuestos, tasas y retribuciones de la ciudadanía dirigidas a cada sector. En el caso cafetero, el gerente de esta institución recibe un salario superior a los 120 millones de pesos mensuales.
Casos como este se replican en cientos de cargos con acceso a presupuestos estatales, situación que la senadora Aída Avella, integrante del partido Pacto Histórico, busca regular mediante un proyecto de ley que ponga fin a este abuso con las finanzas públicas.
La parlamentaria radicó en la Secretaría General del Senado un ambicioso proyecto de ley, con seis artículos, que busca frenar los megasalarios en las entidades públicas y privadas que administren recursos del erario. La iniciativa propone ajustes salariales diferenciados con el objetivo de reducir las brechas económicas dentro del país.
Según explicó la senadora Aída Avella, es urgente corregir la tendencia actual en Colombia, donde los incrementos salariales, tanto para los ingresos altos como para los más bajos, se aplican en porcentajes equivalentes. «Esto perpetúa inequidades, ya que un aumento porcentual sobre un salario elevado representa una cifra considerable, mientras que para quienes ganan el mínimo apenas cubre lo básico», indicó.
El proyecto se alinea con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, específicamente en la construcción de sociedades más justas, pacíficas y sostenibles. “Un primer paso hacia esa meta es establecer aumentos escalonados en los salarios, donde los ingresos más bajos reciban un mayor porcentaje de incremento, y los más altos, uno más reducido”, señaló Avella.
El contexto en el que se presenta esta iniciativa es particularmente crítico. El país enfrenta una fuerte crisis de recursos públicos tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento, lo que ha afectado múltiples programas sociales y la ejecución de proyectos estatales. En este marco, el proyecto de ley también busca optimizar el uso de los recursos públicos y promover una mayor equidad en su distribución.
La propuesta será discutida en las próximas sesiones del Senado, en medio de un panorama político que requiere soluciones a la crisis económica que enfrenta el 2025. Sin embargo, Avella confía en que el proyecto pueda generar un debate amplio y necesario sobre las desigualdades salariales y la urgencia de una política pública más incluyente.
De ser aprobado, el proyecto podría marcar un precedente en la lucha contra las inequidades económicas en Colombia, sentando las bases para una transformación estructural en la gestión de los recursos públicos y los ingresos laborales.
Bogotá, diciembre 18 de 2024