El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre un golpe de Estado que, según él, está en marcha contra su gobierno. En su mensaje, Petro denunció la compra de un software, financiado con «dineros oscuros», por parte de altos funcionarios del gobierno y de la policía. Este software habría sido utilizado para violar derechos fundamentales de la ciudadanía, en particular los de los jóvenes que participaron en protestas. También señaló que este sistema podría haber sido empleado para espiar las reuniones de su partido, el principal de la oposición.
El mandatario enfatizó que la discusión debe centrarse en los hechos graves que han sido revelados, y no en distracciones o evasivas que busquen minimizar la situación. Según Petro, la seguridad nacional le permite divulgar información reservada, y su deber es sacar a la luz lo que ha sucedido, en lugar de encubrir los actos ilícitos cometidos desde las esferas de poder. Su llamado fue a no desviar la atención del crimen que, según él, se está cometiendo con el objetivo de socavar la democracia. Sin embargo, su denuncia ha sido desviada por algunos sectores que, en lugar de investigar los actos ilegales, optaron por cuestionar la legalidad de la revelación de esta información.
La prensa colombiana, en lugar de profundizar en las graves acusaciones sobre la compra de este aparato de espionaje, centró su atención en la supuesta ilegalidad del anuncio del presidente. Se enfocaron en criticarlo por revelar un documento confidencial, ignorando la importancia del contenido que prueba una violación sistemática de derechos fundamentales y un ataque directo a la campaña del Pacto Histórico. Esta actitud ha sido criticada por sectores que consideran que los medios están evadiendo su deber de informar sobre el crimen del poder, al priorizar aspectos formales sobre los alarmantes hechos denunciados.