por: Laura Dulce Romero @Dulcederomerooo
Gabriel Becerra, secretario general de la Unión Patriótica, asegura que la acreditación ante la justicia transicional les permitirá recibir medidas justas de reparación y garantías de no repetición. Advierte que los miembros del partido aún son hostigados.
Hace una semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió acreditar como víctima, por primera vez, a un partido político: la Unión Patriótica (UP). Los magistrados de la Sala de Reconocimiento consideraron que sus integrantes sufrieron diferentes afectaciones en sus proyectos colectivos y su organización por los hostigamientos en su contra. Y por eso, «pasó de ser el partido político con la mayor votación histórica por la izquierda democrática del país a perder, transitoriamente, su personería jurídica».
Actualmente, la JEP está investigando 8.000 hechos victimizantes contra miembros de la UP. Gabriel Becerra, secretario general del partido, asegura que la noticia es una gran paso para, por fin, reclamar los derechos que hasta ahora el Estado no ha podido garantizar, como la verdad plena, la reparación simbólica y política, y las garantías de no repetición. Esta última, afirma, es quizá la más importante, pues hoy los integrantes de la UP siguen siendo hostigados y amenazados. Becerra agrega que seguirán en la lucha para que estos crímenes sean categorizados como un genocidio político.
¿Cómo recibe el partido esta acreditación como víctima?
De manera positiva, porque parte de la batalla del partido en estos momentos es poder avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos y este, sin duda, es un paso a la dirección correcta. Recibimos el auto de la JEP y vamos a disponernos a tener un alistamiento para poder intervenir en el caso, con los sobrevivientes, los actuales afiliados y militantes. Estamos muy entusiasmados.
¿Qué implica este reconocimiento y cuál será su participación en este proceso?
Ser víctima lo asumimos con un criterio de disposición muy activa. Para nosotros ser víctimas no es simplemente, y sobre todo como partido político, el reconocimiento de los derechos vulnerados, como la justicia y la verdad, sino la garantía de no repetición. Para nosotros lo más importante es que aquello que ocurrió con la Unión Patriótica no vuelva a pasar en la sociedad colombiana. Como sujeto político, el partido aspira a un reconocimiento a través del fortalecimiento del sistema democrático en este país, que impida la violencia por pensar distinto. Entendemos, en el marco de la nueva etapa que se abre, que los integrantes tenemos que conocer en profundidad el caso. También sabemos que habrá individuos e instituciones que reconocerán su responsabilidad y nosotros como víctimas tendremos que participar, actuar en las audiencias, intervenir y reclamar las medidas de reparación que deriven de este proceso.
Cuando apenas se abrió el caso llamó la atención la disparidad en el número de victimizaciones que tenían las entidades y las organizaciones, ¿a qué cree que se debió eso?
A la impunidad. Lastimosamente, el Estado, a quien le correspondía ejercer las labores de investigación, judicialización y condena, ha sido inoperante. Los informes lo demuestran. Así que han sido las organizaciones, como la Corporación Reiniciar, que en este caso nos representa, quienes han hecho la labor investigativa. Ellas han logrado profundizar ciertos hilos sobre los orígenes de la victimización, los responsables y la documentación de los mismos. Y eso ha permitido mantener vivo el caso y construir la evidencia para los procesos judiciales que ya están por fallar. Estamos próximos a que, después del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte-IDH se pronuncie sobre el caso Unión Patriótica versus el estado colombiano, que terminaría siendo una sentencia, sin lugar a dudas, un hito por ser un caso que involucra una persecución, exterminio y genocidio por causas políticas, como nosotros reclamamos. Representaría un hecho con repercusiones para la lucha del movimiento democrático y de derechos humanos en el mundo.
¿A qué se debió la impunidad? ¿Qué pasó en la justicia ordinaria?
Nuestra hipótesis es que la impunidad corresponde a la existencia de una institución en contradicción con sus propósitos. Hoy no tenemos dudas de que sectores de ese Estado, en las tres ramas, particularmente desde el poder político, están comprometidos en el exterminio y genocidio. El caso de la Unión Patriótica es un de terrorismo de Estado.
El partido insiste en que vivieron un «genocidio», aunque así no esté estipulado en normas internacionales. ¿Quieren que la JEP reconozca que así fue?
Aída Avella nos cuenta que cuando ella y la Corporación Reiniciar iniciaron esta lucha, muchos, incluso representantes del movimiento jurídico de derechos humanos, consideraban que era inviable, porque dentro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos el genocidio no está tipificado. Pero lo que ha demostrado la persistencia de las víctimas, de los sobrevivientes del partido, es que contrario a esa hipótesis, en la persistencia y evidencia de la magnitud del caso de la UP ha llevado que los mismos integrantes del sistema interamericano hayan aceptado el caso y lo hayan puesto a consideración por razones de exterminio y genocidio político, aunque jurídicamente no esté expresado en esos términos. Nosotros hemos persistido en ese enfoque porque es la opinión que tenemos sobre lo que ocurrió y, lastimosamente, no ha parado. Entonces seguimos levantando esa reclamación y será, en este caso, el sistema de justicia transicional el que tendrá que pronunciarse sobre esta petición que ya hemos elevado en otras instancias.
¿Cuáles son esas verdades que esperan que se sepan en la JEP y que el país ha ignorado sobre el capítulo de la UP?
Lo que la evidencia y los hechos demuestran es que los responsables del genocidio de la UP no han sido solo los autores materiales, en algunos casos identificados, sino que en trasfondo de esos crímenes ha existido el compromiso de los poderes de la élite de este país. Una élite política ligada al bipartidismo y a su ejercicio de gobierno en varias épocas de la vida nacional. No olvidemos que antes de la UP también sufrieron fenómenos de exterminio y persecución la Unión Nacional de Oposición o el Partido Comunista. Lo que vemos es que en la verdad, que es muy importante, está el derecho fundamental, porque va a contribuir a la no repetición, en gran parte porque ejercerá un papel de memoria para señalar a ciertos sectores que no pueden seguir pensado que impunemente pueden persistir en ese tipo de procederes. Dentro de nuestras prioridades está develar que ha existido un compromiso de élites políticas, económicas, religiosas y militares, con un fenómenos totalmente condenable desde el punto de vista constitucional, de derechos humanos y la democracia. Este país no puede aceptar haya habido un ejercicio de la violencia fundamentalmente para eliminar un contradictor en las ideas y en la disputa por el poder.
Es la primera vez que la JEP acepta un partido político, ¿está la justicia transicional en deuda de aceptar a otros?
En un fenómeno de violencia nacional, donde el tema político ha estado al centro, incorporar en los procesos de la JEP a los sujetos políticos, y en particular a los partidos es un derecho totalmente legítimo. El caso de la UP es muy representativo, porque es quien empieza a romper con el silencio, pero hay otras organizaciones que han expresado esos reclamos. Conozco el gaitanismo, el Partido Comunista, el Nuevo Liberalismo, el movimiento A luchar. Lo fundamental es que los derechos de los partidos y movimientos políticos también puedan ser reconocidos. La JEP hace justicia y esperamos que dentro de su metodología de priorización no ignore el hecho del exterminio que es un precedente que las demás expresiones y organizaciones puedan tener en cuenta. Si consideran que sus casos constituyen un fenómeno similar puedan reclamar la justicia que corresponde.
¿Han pensado en las reparaciones que desean ante esta Jurisdicción?
Desde la Corporación Reiniciar, el partido político y los sobrevivientes se ha hecho un ejercicio muy cualificado de construcción de opciones de reparación en diversos campos. Nosotros en particular buscamos que se nos garanticen las condiciones para seguir ejerciendo la lucha política en este país. Por ejemplo, la UP perdió su personería en 2003 y la recuperó en 2013 por una decisión judicial. Nos la entregaron, pero nos mandaron a los lobos. Nos dieron el papel, pero no nos reconocieron los recursos que durante 10 años no pudimos recibir para poder competir en igualdad de condiciones. Perdimos una bancada parlamentaria. Ahora nos parece legítimo discutir cómo la UP puede ser reparada en el tema de su vocería política. Nosotros perdimos alcaldes, diputados, concejales, parlamentarios. Por otro lado, hemos considerado importante la no estigmatización. Desafortunadamente, ese es otro tema que persiste hacia la UP y otros colectivos de la oposición. Hay que mirar qué medidas se puede tomar en el campo de los medios de comunicación o los espacios de difusión para acabar con esto. Y obviamente medidas de carácter simbólico, de memoria, que ya han sido incluidas dentro de sentencias judiciales, como la creación de monumentos, de casas de la memoria, la publicación de algunos documentos, entre otros.
Uno de los derechos de las víctimas es la no repetición, pero vemos que aún hay un hostigamiento contra líderes sociales ¿ha continuado la violencia contra la UP?
Sí. Quienes piensan diferente fueron y aún son perseguidos y hostigados en Colombia. En nuestro caso concreto tenemos personas amenazadas o agresiones directas. A finales del año pasado, por ejemplo, atacaron nuestra sede en Bogotá. Eso no puede seguir sucediendo. Nosotros creemos que una de las maneras de prevenir estos fenómenos es a través de la consolidación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dentro del cual está la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y aprovecho para expresar que no nos parece coherente que el Centro Democrático presente un proyecto en la próxima legislatura para acabar con la JEP. Eso haría parte de una medida de revictimización para quienes sufrieron del conflicto armado interno. Cuando por fin se logró crear una instancia de justicia transicional, hay sectores del país que quieren acabarla para ocultar la verdad y perpetuar la impunidad. Eso no puede suceder. Poco a poco la UP se ha ido recuperando: tenemos senadora, concejal en Bogotá, 11 ediles, una alianza con la Colombia Humana donde tenemos 76 concejales y 10 alcaldes en el resto del país. El legado de la UP no ha sido eliminado con la violencia, sino que ha renacido en el cuerpo de nuevas generaciones y nuevos grupos, como las comunidades indígenas o los excombatientes, que están siendo victimizados. Esperamos que se fortalezca con la JEP.
¿Cómo va el caso 06 en la UP?
Tenemos a nuestro equipo jurídico trabajando en todo lo que necesite la justicia. Pensamos que es uno de los más adelantados, porque hay mucha documentación en los informes. Pronto deberán empezar las versiones y las audiencias necesarias para entrar a mirar los reconocimientos de los involucrados. Ojalá hayan sentencias y decisiones judiciales, en el marco de este sistema, lo más pronto posible. Lo cierto es que este caso ha ganado legitimidad a nivel social y política, en el país y en la comunidad internacional, y eso constituye una presión para la presentación de resultados.