*Nixon Padilla Rodríguez
Con el triunfo de la derecha en España, se ha iniciado una ola de análisis politológicos que inundan las redes sociales. Muchas son las explicaciones que se aventuran a menos de 24 horas de cerrados los comicios españoles.
Llama la atención aquellas que en sus variados matices responsabilizan a las políticas de igualdad asociadas al feminismo y las de identidad de género, como las que coparon la agenda política de la coalición PSOE – Unidas Podemos, en detrimento de reformas sociales y económicas estructurales, pavimentando así el camino de la derrota.
No es bueno sacar conclusiones apresuradas para un fenómeno tan complejo como la política española, pero es evidente que dicho predicamento es una falacia argumentativa, bastante simple y elemental, levantada sobre la manida idea que las reformas y cambios tienen una jerarquía, donde las demandas del movimiento feminista, etnias y de otros sectores sociales deben quedar a la espera de la solución de los “problemas estructurales” y que atenderlas es un gasto político que no genera réditos electorales, además de abrir un flanco de batalla innecesario.
Este tipo de análisis ha tenido sus variantes criollas. En el plebiscito por la paz del 2016, algunos analistas le atribuyeron las razones de la derrota al enfoque de género que contenía el Acuerdo de Paz y al reconocimiento explícito a la población LGBTI como sujeto social beneficiario de este.
Toda esta diatriba sería fútil, si no fuera porque tiene consecuencias prácticas en la vida política. Quienes se pusieron al frente de la renegociación del Acuerdo de Paz, bebieron de este argumento y se dispusieron a cercenar o reescribir de una manera sutil, aquellos temas que les parecía de menor jerarquía o importancia, donde por supuesto se encontraba explícitamente la población LGBT.
El gobierno de Santos, en ese entonces, dejó en manos de su contraparte, entenderse con lo grupos de presión que se abrogaron la victoria del NO. A la primera reunión con algunos grupos religiosos conservadores liderados por la senadora Viviane Morales y su esposo el pastor Carlos Alonso Lucio, de inmediato se firmó un documento que nunca se había firmado en todo el proceso, en él, se comprometían a tramitar, directamente en la mesa puntos que limitaban y adocenaban el enfoque de género y excluían a la población LGBT. El golpe final, soportado por este argumento, se dio en el Plan Marco de Implementación, donde la única medida especifica, además altamente prejuiciada, era realizar campañas de prevención del consumo de psicoactivos.
Frente al gobierno Petro ya se escuchan voces que, ante cualquier dificultad, se les achaca responsabilidad a las medidas basadas en enfoques identitarios, de género o antirracistas que promueve el gobierno como enfoque de las reformas sociales. En sectores del progresismo y la izquierda, habitan y se mantienen persistentemente posturas conservadoras que, en vez de buscar las razones de los retrocesos y dificultades en análisis más complejos de la realidad, acuden al dogma, acercándose peligrosamente a la derecha que dicen combatir.
Los gobiernos progresistas no solo deben defenderse de los ataques previsibles de la derecha, sino también de los análisis conservadores y dogmáticos que se realizan desde las toldas democráticas. Los derechos de ninguna población pueden convertirse en moneda de cambio.
No hay que buscar el muerto río arriba, se puede ser más creativo a la hora de la crítica y la autocrítica.